Promesas Presidenciales

El gobierno se comprometió a reducir los índices de delincuencia en un 25% durante los primeros dos años de mandato, como parte de un plan integral de seguridad con foco en crimen organizado y narcotráfico.

El gobierno se comprometió a construir una zanja y un sistema de control físico en la frontera norte del país (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) para frenar el ingreso irregular de personas y el narcotráfico.

El gobierno se comprometió a mantener presencia militar permanente en la Macrozona Sur —principalmente La Araucanía y la provincia de Arauco en Biobío— para combatir la violencia rural vinculada al conflicto en esa zona del país.

Implementar un programa de deportación a gran escala de personas extranjeras en situación migratoria irregular que registren antecedentes penales, como medida de seguridad pública.

Aumentar las penas por porte ilegal de armas de fuego y crear unidades policiales especializadas en el combate al tráfico de armamento ilegal.

Desalojar de forma inmediata las tomas ilegales de terreno y endurecer las penas por el delito de usurpación en el Código Penal.

El gobierno se comprometió a incorporar 20.000 nuevos efectivos a Carabineros de Chile durante el período presidencial 2026-2030, lo que representaría un aumento de aproximadamente un 35% sobre la dotación estimada de 55.000 a 58.000 funcionarios.

El gobierno se comprometió a reducir la tasa del impuesto de Primera Categoría —que grava las utilidades de las empresas—, actualmente fijada en 27% para grandes empresas y 25% para pequeñas y medianas empresas bajo el régimen Pro PyME, con el objetivo de hacer a Chile más atractivo para la inversión privada.

El gobierno se comprometió a alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4% anual de manera sostenida durante todo el período presidencial 2026-2030, recuperando el dinamismo económico de décadas anteriores.

El gobierno se comprometió a abrir la explotación del litio a empresas privadas mediante concesiones de largo plazo, modificando el modelo de control estatal vigente que otorga a empresas públicas un rol protagónico en la industria.

El gobierno se comprometió a simplificar el sistema tributario para las pequeñas y medianas empresas, reduciendo trámites administrativos y cargas fiscales. El programa original no especificó metas cuantificables como un porcentaje de reducción de trámites o un número concreto de obligaciones a eliminar.

Fortalecer el sistema de Isapres y generar competencia entre prestadores públicos y privados para mejorar la calidad y el acceso a la atención en salud.

Implementar un plan de choque para reducir las listas de espera en hospitales públicos mediante convenios con clínicas privadas que atiendan a pacientes del sistema público.

El gobierno se comprometió a implementar un modelo de concesión para la administración de hospitales públicos: el Estado mantendría el financiamiento y la gratuidad para los pacientes, pero la gestión operativa estaría a cargo de empresas privadas. El programa original no especificó cuántos hospitales ni en qué plazos.

El gobierno se comprometió a generar 500.000 nuevos empleos netos durante el período presidencial 2026-2030, principalmente a través de incentivos al sector privado para estimular la contratación.

Aumentar la tasa de cotización previsional destinando el incremento íntegramente a las cuentas de capitalización individual administradas por las AFP, fortaleciendo la propiedad personal de los fondos de pensiones de cada trabajador.

Ampliar la subvención escolar de forma universal para que el financiamiento estatal sea equivalente entre establecimientos públicos y privados, permitiendo a las familias elegir libremente dónde educar a sus hijos sin que el dinero del Estado favorezca a un tipo de colegio sobre otro.

Reducir el tamaño del Estado eliminando programas públicos que se consideren duplicados y fusionando servicios que realizan funciones similares, con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto fiscal.

Acelerar la construcción de viviendas sociales incorporando al sector privado como ejecutor, con el objetivo de reducir el déficit habitacional estimado en aproximadamente 650.000 unidades.

El gobierno se comprometió a mantener vigente la Ley 21.030 —que permite la interrupción del embarazo únicamente en tres causales: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación— sin presentar ni apoyar proyectos que amplíen esas causales durante el período presidencial 2026-2030.