Eliminación de programas públicos redundantes y fusión de servicios del Estado

Esta promesa plantea reorganizar el aparato estatal eliminando programas que se duplican entre distintos ministerios y fusionando servicios para hacer más eficiente el gasto fiscal. Hasta junio de 2025, no existen decretos, leyes ni actos administrativos públicamente verificables que acrediten fusiones de servicios o eliminación formal de programas duplicados bajo el gobierno actual. La ausencia de acciones en esta etapa temprana es esperable: antes de proponer fusiones o eliminaciones, el gobierno debe completar un diagnóstico detallado de los programas existentes, sus presupuestos, dotaciones de personal y beneficiarios, trabajo que típicamente toma varios meses. Lo que sí se ha detectado son señales de ajuste presupuestario —como la sugerencia de Hacienda de recortar $427 mil millones en programas para adultos mayores—, pero recortar el presupuesto de un programa no equivale a fusionar o eliminar duplicidades estructurales: son herramientas distintas con efectos distintos. También se han identificado irregularidades en servicios como Junaeb ($14 mil millones en raciones no entregadas), lo que evidencia problemas de gestión en el Estado actual, pero tampoco constituye avance hacia la promesa. Implementar esta promesa es técnica y políticamente complejo. Suprimir un servicio público creado por ley requiere tramitación parlamentaria; fusionar organismos de distintos ministerios exige legislación específica y negociación con funcionarios y sus asociaciones. La experiencia de gobiernos anteriores en Chile muestra que este tipo de reformas toma entre uno y tres años en materializarse, y los resultados suelen ser parciales. Una limitación importante para el seguimiento es que la promesa carece de indicadores cuantitativos públicos: no se ha especificado cuántos programas se eliminarán, qué servicios se fusionarán ni cuánto se espera ahorrar, lo que dificultará la evaluación objetiva de su cumplimiento.