Tolerancia cero con tomas ilegales de terreno

Esta promesa tiene dos componentes: una acción ejecutiva (desalojar tomas ilegales de terreno) y una acción legislativa (endurecer las penas por usurpación, actualmente regulada en los artículos 457 a 462 del Código Penal). A la fecha de este análisis no se ha encontrado evidencia específica de operativos de desalojo ejecutados ni de un proyecto de ley sobre usurpación de terrenos ingresado al Congreso. Sí existen señales de que el gobierno tiene una agenda activa en materia de seguridad y orden público —incluyendo un proyecto de ley para endurecer penas por delitos en establecimientos educacionales y el nombramiento de un nuevo encargado de Fiscalización y Expulsiones en Migraciones—, pero estas acciones no son evidencia directa de avance en esta promesa específica. Se mencionan como contexto de la agenda general del gobierno, sin que permitan asignar progreso concreto a este compromiso. Las tomas de terreno son un fenómeno complejo en Chile: según el catastro de TECHO-Chile, el número de campamentos creció de unos 657 en 2011 a más de 1.290 en 2024, y en ellos viven más de 113.000 familias. Los desalojos requieren orden judicial, coordinación entre tribunales, Carabineros, PDI y municipios, y en muchos casos una solución habitacional alternativa para las familias afectadas. El endurecimiento de penas, por su parte, requiere modificar el Código Penal mediante tramitación legislativa. Ambas acciones tienen costos políticos, operativos y sociales que explican por qué gobiernos anteriores de distintos signos también encontraron dificultades para implementar medidas similares.