Tolerancia cero con tomas ilegales de terreno

Esta promesa forma parte del programa de gobierno de José Antonio Kast para el período 2026-2030 y tiene dos componentes distintos: uno ejecutivo (desalojar tomas ilegales) y uno legislativo (endurecer las penas por usurpación, actualmente tipificada en los artículos 457 a 462 del Código Penal con penas de presidio menor en su grado mínimo a medio). A la fecha de esta evaluación, el gobierno recién ha iniciado funciones y no se han identificado operativos de desalojo específicamente vinculados a esta promesa ni un proyecto de ley sobre usurpación ingresado al Congreso. El fenómeno de las tomas de terreno y los campamentos informales es un problema social de larga data en Chile que ha crecido de forma acelerada. Según el Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de 2023, existen 1.091 campamentos que albergan a 113.887 hogares, cifra que refleja una crisis habitacional profunda: el déficit de vivienda en Chile se estima en torno a las 650.000 unidades. Las tomas son, en muchos casos, la respuesta de familias que no pueden acceder al mercado formal de vivienda ni a los programas habitacionales del Estado, cuyos tiempos de espera pueden superar los 10 años. Cabe señalar que la Ley 21.461 —conocida como 'Devuélveme mi casa', promulgada en 2022— ya introdujo modificaciones al procedimiento de desalojo, constituyendo un antecedente legislativo que el gobierno actual deberá superar o complementar para cumplir esta promesa. El debate en torno a esta promesa es políticamente sensible y presenta argumentos válidos en distintas direcciones. Quienes apoyan medidas más estrictas señalan la necesidad de proteger el derecho de propiedad y el orden público. Quienes plantean cautela advierten que los desalojos sin alternativas habitacionales reales tienden a desplazar el problema sin resolverlo, y que la criminalización puede agravar la vulnerabilidad de familias en situación de pobreza. La implementación de desalojos masivos requiere además órdenes judiciales, coordinación entre tribunales, Carabineros, PDI y municipios, y en muchos casos soluciones de emergencia para las familias afectadas.