Deportación de inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales

Esta propuesta forma parte del programa presidencial de José Antonio Kast para el período 2026-2030. Al no ejercer Kast la Presidencia de la República, la promesa no ha sido implementada y no puede evaluarse su cumplimiento. La plataforma la registra y contextualiza para informar al ciudadano. El contexto migratorio chileno ha cambiado significativamente en la última década. Según estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones y del INE, la población extranjera residente en Chile supera el millón y medio de personas, con flujos importantes desde Venezuela, Haití, Colombia y Bolivia. Una parte de esta población se encuentra en situación irregular, lo que ha generado tensiones sociales especialmente en regiones del norte del país. El gobierno en ejercicio (Boric, 2022-2026) ha ejecutado su propio programa de expulsiones dentro del marco legal vigente: aproximadamente 1.740 en 2023 y 2.100 en 2024, según datos de la PDI y el Servicio Jesuita a Migrantes. La diferencia entre la propuesta de Kast y la política actual radica principalmente en la escala y la velocidad de ejecución. Desde el punto de vista legal, la Ley 21.325 de Migración y Extranjería (vigente desde 2022) establece procedimientos de expulsión que incluyen garantías de debido proceso, derecho a defensa y revisión judicial. Una operación de deportación a gran escala requeriría, como mínimo, una interpretación amplia de las facultades administrativas existentes o modificaciones legales específicas, además de coordinación diplomática con los países de origen para la recepción de los deportados, lo que en algunos casos —como Venezuela— presenta complejidades adicionales.