Deportación de extranjeros en situación irregular con antecedentes penales

Esta promesa contempla la implementación de un programa de deportaciones dirigido a personas extranjeras en situación migratoria irregular con antecedentes penales, a una escala mayor que los procedimientos regulares de expulsión. Al momento de la verificación (julio 2025), no se han identificado datos oficiales que confirmen la existencia de un programa formal diferenciable de la operatoria habitual que ya contempla la legislación vigente. La Ley 21.325 de Migración y Extranjería (2021) ya establece mecanismos para la expulsión administrativa de extranjeros con antecedentes penales, por lo que la promesa implicaría una intensificación significativa de esa capacidad, no una habilitación legal nueva. El contexto migratorio chileno ha cambiado profundamente en la última década. La población extranjera residente supera el millón y medio de personas, con flujos importantes desde Venezuela, Haití, Colombia y Bolivia. Una parte de esta población se encuentra en situación irregular, lo que ha generado tensiones sociales especialmente en regiones del norte del país. El gobierno anterior ejecutó expulsiones dentro del marco legal vigente: aproximadamente 1.740 en 2023 y 2.100 en 2024, según datos del Servicio Jesuita a Migrantes. La promesa en evaluación implica una operación de mayor magnitud y velocidad respecto a esas cifras. Implementar deportaciones a gran escala enfrenta obstáculos concretos: logísticos (identificación de personas, centros de retención, vuelos de expulsión), diplomáticos (el país de origen debe aceptar recibir a sus nacionales, lo que no siempre ocurre con fluidez), legales (la Ley 21.325 y el derecho internacional exigen debido proceso individual para cada caso, prohibiendo las expulsiones colectivas) y presupuestarios (un vuelo de deportación puede costar cientos de millones de pesos). Dado que el gobierno se encuentra en etapa inicial, no es posible aún evaluar avances ni incumplimientos.