Plan de viviendas sociales acelerado con participación privada

Esta promesa busca reducir el déficit habitacional en Chile —estimado en unas 650.000 viviendas según el Censo 2017 y estudios del MINVU de 2022— mediante un modelo que incorpora al sector privado en la construcción de viviendas sociales. A la fecha de este análisis no se han encontrado datos verificables que permitan medir avances concretos: no hay registros públicos de nuevos programas, convenios con constructoras privadas ni cifras de viviendas entregadas bajo esta modalidad durante el actual período de gobierno. La ausencia de información puede deberse a que las políticas están en fase de diseño o a que los instrumentos correspondientes aún no han sido publicados. El déficit habitacional es un problema estructural que ningún gobierno ha resuelto en un solo período. La construcción de viviendas sociales enfrenta obstáculos conocidos: escasez de suelo urbano a precios razonables, tiempos de tramitación de permisos municipales, capacidad de ejecución del MINVU y disponibilidad de empresas constructoras dispuestas a participar en proyectos de menor rentabilidad. A esto se suma el contexto de restricción fiscal que enfrenta el gobierno, lo que podría limitar la inversión pública necesaria para incentivar la participación privada. El modelo de participación privada en vivienda social tiene antecedentes en Chile —los subsidios DS1 y DS49 ya involucran a inmobiliarias—, por lo que la pregunta clave será si el gobierno introduce mecanismos nuevos o amplía significativamente los existentes. Históricamente, Chile construye entre 40.000 y 60.000 viviendas sociales al año, cifra insuficiente para cerrar la brecha. Para los cientos de miles de familias en campamentos o en situación de allegamiento, cada año sin avances significativos implica continuar esperando una solución que, en promedio, tarda entre 5 y 12 años desde la postulación al subsidio hasta la entrega de la vivienda.