Plan acelerado de viviendas sociales con participación del sector privado

Chile enfrenta un déficit habitacional estimado en aproximadamente 650.000 viviendas, cifra acumulada durante décadas y agravada por el encarecimiento del suelo urbano, el aumento de la inmigración y los efectos económicos de la pandemia. Esta promesa planteaba acelerar la construcción de viviendas sociales incorporando al sector privado como actor clave, lo que implicaría modificar los mecanismos de subsidio existentes —como el DS49 para sectores vulnerables y el DS1 para sectores medios— o crear nuevos instrumentos que incentiven la participación de constructoras e inmobiliarias en el segmento social. Hasta junio de 2025, no se han encontrado datos verificables sobre nuevas viviendas sociales iniciadas bajo un plan específico del gobierno actual, ni sobre mecanismos innovadores de participación privada aprobados, ni sobre modificaciones a los decretos de subsidio habitacional, ni sobre proyectos de ley ingresados al Congreso en esta materia. El sistema de subsidios habitacionales sigue operando bajo las reglas preexistentes. Cabe señalar que la construcción de viviendas sociales tiene tiempos largos: desde la asignación de subsidios hasta la entrega de llaves pueden pasar entre tres y cinco años, por lo que no es razonable esperar viviendas terminadas en los primeros meses de gobierno. Sin embargo, sí podría esperarse a esta altura la presentación de un plan oficial con metas, el ingreso de proyectos de ley o la firma de convenios con el sector privado, y ninguno de esos pasos se ha verificado públicamente. Se ha detectado una irregularidad en la entrega de un subsidio habitacional vinculada a un diputado oficialista, confirmada por el Ministro de Vivienda Poduje. Este hecho no constituye avance en la promesa, pero sí es una señal de alerta sobre la gestión del sistema de subsidios existente. Históricamente, Chile construye entre 30.000 y 50.000 viviendas sociales al año con apoyo estatal, cifra insuficiente para cerrar el déficit acumulado. La participación privada significativa en vivienda social ha sido una promesa recurrente en distintos gobiernos, que choca con la baja rentabilidad del segmento para las constructoras.