Apertura de la explotación del litio a empresas privadas mediante concesiones

Esta promesa busca cambiar el modelo de gobernanza del litio en Chile: pasar del esquema de control estatal —establecido por la Estrategia Nacional del Litio de 2023, que otorgó a Codelco y Enami un rol central en la explotación— hacia un modelo que permita concesiones de largo plazo a empresas privadas. Chile posee las mayores reservas de litio del mundo y el mineral es clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, lo que hace de esta promesa una de las de mayor potencial impacto económico del programa de gobierno. Hasta julio de 2025, no se han identificado proyectos de ley ingresados al Congreso ni decretos ejecutivos que modifiquen el marco regulatorio vigente. El litio está clasificado como sustancia no concesible en el Código de Minería (artículo 8), lo que significa que cualquier apertura al sector privado requiere una reforma legal de quórum calificado —es decir, mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio—, un umbral parlamentario difícil de alcanzar dado lo políticamente sensible del tema. A esto se suma que el gobierno anterior ya firmó acuerdos entre Codelco y SQM para la operación conjunta del Salar de Atacama, cuya modificación tendría implicancias contractuales. El contexto internacional también incide: el precio del litio cayó más de un 80% desde su peak de 2022 (de sobre USD 80.000 a menos de USD 15.000 por tonelada de carbonato de litio en 2024-2025), lo que reduce el atractivo inmediato de nuevas concesiones para inversionistas privados y puede haber modificado el cálculo político sobre la urgencia de esta reforma. Dado que el gobierno lleva pocos meses en funciones y la reforma es de alta complejidad legislativa, la ausencia de instrumentos normativos no permite aún evaluar si la promesa será cumplida o abandonada.