Apertura de la explotación del litio a empresas privadas

Esta promesa plantea un cambio significativo en la política del litio en Chile: pasar del modelo de control estatal implementado por el gobierno anterior —la Estrategia Nacional del Litio de 2023, que estableció a empresas públicas (principalmente CODELCO) como eje de la explotación— a un modelo de concesiones de largo plazo para empresas privadas. Chile posee las mayores reservas de litio del mundo y el mineral es clave para la transición energética global (baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía), lo que hace de esta promesa una de las de mayor potencial impacto económico del programa de gobierno. A la fecha de este análisis no se han encontrado datos sobre modificaciones regulatorias, nuevas concesiones otorgadas ni proyectos de ley que alteren el marco vigente. Esto no es necesariamente sorprendente: el litio está clasificado como mineral no concesible en Chile desde 1979 (Decreto Ley 2.886) y su explotación requiere contratos especiales de operación otorgados por el Estado. Cambiar este régimen a uno de concesiones privadas de largo plazo requiere modificaciones legales de alta complejidad, posiblemente con quórum calificado en el Congreso. Además, el gobierno anterior ya generó compromisos institucionales —CODELCO firmó acuerdos con SQM para la operación conjunta del Salar de Atacama post-2030— cuya modificación tendría implicancias contractuales. El contexto internacional también es relevante: el precio del litio cayó más de un 80% desde su peak de 2022 (de sobre US$80.000 a menos de US$15.000 por tonelada en 2024), lo que reduce el atractivo inmediato de nuevas concesiones para inversionistas privados. La política del litio es además ideológicamente divisiva: sectores de izquierda y centroizquierda defienden el control estatal para capturar la renta del recurso estratégico, mientras que sectores de derecha y centroderecha argumentan que la participación privada aceleraría la inversión y la producción. La falta de una política de Estado consensuada sobre este recurso ha llevado a que cada gobierno revierta o modifique el enfoque del anterior.