Reforma al sistema de pensiones con cotización íntegra a capitalización individual

Esta promesa plantea que cualquier aumento en la tasa de cotización previsional sea destinado íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores, administradas por las AFP. Se trata de una de las promesas políticamente más complejas del programa de gobierno, porque choca directamente con la legislación previsional aprobada en enero de 2025. La Ley N°21.720, promulgada durante el gobierno anterior, estableció un incremento de 6 puntos porcentuales en la cotización distribuidos de la siguiente manera: 4,5 puntos para un Seguro Social de Reparto de carácter solidario, y solo 1,5 puntos para cuentas individuales. Este diseño es conceptualmente opuesto a lo prometido, que busca que el 100% del incremento vaya a capitalización individual. Cumplir esta promesa requeriría modificar sustancialmente o derogar parcialmente una ley recientemente promulgada, lo que implica un proceso legislativo complejo: mayorías en ambas cámaras del Congreso, negociación política en una materia históricamente polarizada y gestión de la incertidumbre para los cotizantes que ya están bajo el nuevo sistema. Hasta la fecha de esta evaluación, no se ha identificado en el sistema de tramitación legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional ningún proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo para modificar la reforma previsional vigente. Para los ciudadanos, el debate de fondo es relevante: en el modelo de capitalización individual pura, cada trabajador acumula más en su cuenta personal, lo que beneficia especialmente a quienes tienen trayectorias laborales estables y salarios medios-altos. En el modelo con componente solidario de reparto, se redistribuyen recursos hacia quienes tienen lagunas previsionales, trabajos informales o salarios bajos, que son mayoritariamente mujeres y trabajadores de menores ingresos. Ambos modelos tienen defensores y críticos con argumentos técnicos y valóricos legítimos. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la pensión mediana autofinanciada se ubica en torno a los $200.000-$250.000 mensuales, cifra inferior al salario mínimo, lo que ilustra la urgencia del problema independientemente del modelo que se adopte.