Reforma a la salud con competencia entre prestadores públicos y privados

Esta promesa plantea fortalecer el sistema de Isapres y generar competencia entre prestadores públicos y privados para mejorar la calidad de la atención. Se trata de una de las promesas más complejas del programa de gobierno, porque hereda un sistema de salud privado en crisis profunda. Un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 ordenó a las Isapres devolver cobros en exceso, generando una deuda estimada en $1,4 billones de pesos y poniendo en riesgo la solvencia de varias aseguradoras. El gobierno recibe, por tanto, un sistema debilitado financieramente, con incertidumbre regulatoria y con una parte de sus afiliados evaluando migrar a FONASA. Fortalecer este sistema requiere, como mínimo, resolver la crisis de deuda heredada, rediseñar la regulación de precios y planes, y eventualmente modificar la Ley de Isapres. Todo esto exige mayorías parlamentarias que pueden ser difíciles de conseguir. El modelo de competencia público-privada en salud es además un tema ideológicamente divisivo: sectores de centroizquierda e izquierda favorecen un seguro único público, mientras que sectores de centroderecha y derecha defienden la coexistencia de aseguradores privados. Ningún gobierno en las últimas dos décadas ha logrado una reforma estructural del sistema de salud. A la fecha de este análisis no se han identificado proyectos de ley ingresados al Congreso ni reformas administrativas implementadas específicamente sobre este tema. La ausencia de datos no implica necesariamente inacción —podría haber negociaciones en curso o diseño de política en etapa temprana—, pero sí indica que no hay resultados medibles aún. Aproximadamente 3 millones de chilenos están afiliados a Isapres y cerca de 15 millones a FONASA, por lo que el impacto potencial de esta reforma es transversal.