El día 79 del gobierno de Kast está marcado por una doble crisis de probidad: el Ejecutivo presentó denuncia penal por $14 mil millones en raciones escolares pagadas pero nunca entregadas durante el gobierno anterior (caso Junaeb-Soser), mientras simultáneamente el Ministerio de Vivienda recibió una denuncia que involucra a un diputado de su propio partido republicano en un presunto fraude de subsidio habitacional. La corrupción, en este día, cruza a ambos sectores políticos. En paralelo, un tribunal ordenó trasladar a 83 presos del penal Santiago 1 por condiciones inhumanas, Chile fue anfitrión de una cumbre internacional contra el crimen organizado, y la ministra Lincolao debió participar virtualmente en el Consejo de Rectores por razones de seguridad, 50 días después de ser agredida. En su día espejo —28 de mayo de 2022— el gobierno de Boric enfrentaba un escenario radicalmente distinto: la Convención Constitucional trabajaba a ritmo intensivo en el borrador de nueva Constitución, la inflación superaba el 10% anual (la más alta en décadas), y la aprobación presidencial ya mostraba una caída sostenida desde los niveles iniciales del mandato. Ambos presidentes, en su día 79, lidiaban con la distancia entre sus promesas de campaña y la complejidad de gobernar.
Los $14 mil millones denunciados en el fraude de Junaeb equivalen aproximadamente a 2,8 millones de raciones escolares que nunca llegaron a estudiantes vulnerables. Para dimensionar la cifra: es casi el doble del costo estimado de restaurar la Iglesia San Borja ($5 mil millones), cuya cesión a la Iglesia Católica fue anunciada ese mismo día por el gobierno.
Gobierno denuncia fraude de $14 mil millones en Junaeb heredado de la administración anterior, pero enfrenta simultáneamente escándalo de subsidio irregular vinculado a diputado de su propio partido
- Junaeb presentó denuncia penal ante la Fiscalía por irregularidades en pagos de $14 mil millones a empresa Soser S.A. por raciones escolares no entregadas durante el gobierno anterior
- Ministerio de Vivienda recibió denuncia formal de funcionarios del Serviu Magallanes por presunto fraude en subsidio habitacional vinculado al diputado republicano Alejandro Riquelme
- Chile actuó como anfitrión de Cumbre Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional con participación de múltiples países
- Estado cedió ex iglesia de Carabineros (San Borja) a la Iglesia Católica para ser restaurada como Santuario Nacional de la Virgen de Fátima
- Ministra de Ciencia Lincolao participó de forma telemática en reunión del Consejo de Rectores (Cruch) en la Universidad Austral por razones de seguridad, 50 días después de ser agredida
- Séptimo Juzgado de Garantía ordenó el traslado de 83 internos del módulo 88 del penal Santiago 1 por condiciones inhumanas de seguridad y salubridad
“El exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, habría recomendado en un correo electrónico a la exdirectora Camila Rubio utilizar resoluciones exentas para modificar contratos, evitando así la revisión de Contraloría (correo presentado como evidencia en la denuncia penal)
“El ministro de Vivienda, Poduje, confirmó haber recibido la denuncia de funcionarios del Serviu sobre irregularidades en el subsidio habitacional vinculado al diputado Riquelme
El gobierno presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por irregularidades en pagos de $14 mil millones realizados por Junaeb a la empresa Soser S.A. durante la administración anterior. La investigación reveló un correo electrónico del exjefe jurídico Alejandro Layseca a la exdirectora Camila Rubio, en el que le recomendaba explícitamente usar resoluciones exentas para modificar contratos de licitaciones previas, con el objetivo de evadir la revisión de Contraloría. Bajo esta modalidad, en 2022 se habría aumentado el pago mínimo garantizado a Soser S.A., permitiendo cobrar por raciones que nunca llegaron a estudiantes. Es una de las denuncias de corrupción más significativas heredadas del gobierno anterior y podría tener implicancias penales para varios exfuncionarios.
El ministro de Vivienda Poduje recibió una denuncia formal de funcionarios del Serviu en Magallanes, quienes acusan que en 2022 la pareja y socia comercial del diputado republicano Alejandro Riquelme habría recibido un subsidio habitacional destinado a población vulnerable sin cumplir los requisitos. La Fiscalía abrió una investigación penal. El caso es políticamente incómodo para el gobierno de Kast porque involucra a un parlamentario de su propio partido, el Partido Republicano, precisamente cuando el Ejecutivo capitaliza las irregularidades de la administración anterior. La simultaneidad de ambos escándalos —uno heredado, uno propio— configura un día complejo para la agenda de probidad.
El Séptimo Juzgado de Garantía ordenó el traslado de 83 internos del módulo 88 del penal Santiago 1 por falta de condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Este módulo ya había sido foco de críticas tras el hallazgo en 2024 de un preso ahorcado y con las muñecas cortadas. La orden judicial presiona a Gendarmería y al Ministerio de Justicia: el gobierno de Kast ha hecho de la seguridad su principal bandera, pero enfrenta la realidad de un sistema penitenciario estructuralmente colapsado que requiere inversiones de largo plazo.
Chile fue sede de una Cumbre Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional con participación de múltiples países. La iniciativa se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno de Kast y busca posicionar al país como referente regional en la lucha contra organizaciones criminales internacionales que han expandido su presencia en el territorio nacional. La cumbre es coherente con las promesas de campaña sobre cooperación multilateral en seguridad.
La ministra de Ciencia, Lincolao, participó de forma telemática en la reunión mensual del Consejo de Rectores (Cruch) celebrada en la Universidad Austral, 50 días después de la agresión que sufrió. El rector Egon Montecinos dispuso la modalidad virtual por motivos de seguridad. Que una ministra de Estado no pueda asistir presencialmente a una actividad oficial es un indicador preocupante de las tensiones que persisten en la macrozona sur.
El Estado cedió a la Iglesia Católica la ex iglesia de Carabineros (San Borja), quemada dos veces durante el estallido social de 2019, para ser restaurada como Santuario Nacional de la Virgen de Fátima. Carabineros había descartado la remodelación por su costo estimado de $5 mil millones. El gesto tiene carga simbólica para el gobierno de Kast: la restauración de un templo destruido en el estallido conecta con su narrativa de reconstrucción del orden y los valores institucionales.
Organismos públicos ambientales presentaron un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones (ICSARA) para el Parque Eólico Las Lilas, exigiendo evaluaciones adicionales sobre impacto de ruido en especies protegidas como el sapo de cuatro ojos y el sapo de antifaz, además de medidas para murciélagos. El caso ilustra la tensión permanente entre la agenda de desarrollo energético y las exigencias de protección ambiental.
Se reportó un robo en las dependencias del Ministerio de la Mujer. El hecho en sí es de baja magnitud institucional, pero se suma a una serie de incidentes de seguridad que afectan incluso a edificios del Estado.
Día 79 de Boric: Convención Constitucional en fase intensiva y la inflación más alta en décadas presionan al gobierno
- El gobierno monitoreaba el avance de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional, que trabajaban en las normas del borrador constitucional
- El equipo económico, liderado por el ministro Mario Marcel, gestionaba la respuesta fiscal ante una inflación interanual que superaba el 10%, la más alta en décadas
- El Banco Central —autónomo del gobierno— ejecutaba un agresivo ciclo de alzas de tasas de interés que llegaría al 11,25%, generando tensiones con la agenda expansiva del Ejecutivo
- El gobierno avanzaba en la tramitación legislativa de sus reformas prioritarias (tributaria y de pensiones) en un Congreso dividido
“El gobierno de Boric mantenía su respaldo público al proceso constituyente como eje central de su proyecto político, pese a las primeras señales de caída en el apoyo ciudadano al Apruebo en las encuestas
A fines de mayo de 2022, la Convención Constitucional trabajaba en comisiones temáticas elaborando las normas del borrador de nueva Constitución. El gobierno de Boric había apostado fuertemente por el proceso constituyente como vehículo de transformación institucional. Sin embargo, ya se observaban señales de preocupación: algunas normas aprobadas en comisiones generaban controversia pública y las encuestas mostraban un giro en la opinión ciudadana, con el Rechazo ganando terreno frente al Apruebo. El plebiscito de salida se realizaría el 4 de septiembre de 2022, con resultado de 62% de Rechazo.
Chile enfrentaba en mayo de 2022 una inflación interanual que superaba el 10%, impulsada por los retiros de fondos de pensiones, las transferencias fiscales durante la pandemia y el contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y el alza de commodities. El Banco Central respondía con alzas agresivas de tasas. El ministro Marcel intentaba equilibrar responsabilidad fiscal con las demandas sociales del programa de gobierno, en un contexto donde el poder adquisitivo de los hogares se deterioraba aceleradamente.
El día 79 del gobierno de Boric se enmarcaba en un período de ajuste entre las ambiciosas promesas de campaña y la realidad de gobernar con un Congreso dividido y una economía en desaceleración. Las encuestas de la semana del 28 de mayo de 2022 mostraban una aprobación presidencial de 38% (CADEM) y 35% (Criteria), con desaprobación en torno al 52-53%, una caída significativa respecto a los niveles iniciales del mandato. El gobierno recibía presiones desde la derecha por su agenda de reformas y desde su propia coalición por la velocidad de los cambios.
Comparación directa
Ambos presidentes en su día 79 enfrentaron crisis de probidad o confianza institucional que cruzaban sectores políticos. Kast lidia con corrupción heredada (Junaeb) y corrupción propia (diputado republicano). Boric, en su momento, enfrentaba cuestionamientos sobre nombramientos y la gestión de su coalición, además de una caída sostenida en su aprobación. En ambos casos, el día 79 marca el punto en que la distancia entre el discurso de campaña y la complejidad de gobernar se vuelve evidente para la ciudadanía.
La agenda de Kast en su día 79 está dominada por seguridad y probidad: cumbre contra el crimen organizado, crisis carcelaria y dos escándalos de corrupción simultáneos. La agenda de Boric en el mismo punto de su mandato estaba definida por el proceso constituyente —un hecho inédito en la historia de Chile— y por una crisis inflacionaria de origen estructural y global. Kast capitaliza políticamente los escándalos del gobierno anterior, pero queda expuesto por irregularidades en su propio sector. Boric enfrentaba un desafío más estructural: el proceso constituyente que definiría el futuro institucional del país terminaría siendo rechazado por amplia mayoría cuatro meses después.
Kast gobierna en mayo de 2026 en un Chile que ya procesó el fracaso del proceso constituyente y busca consolidar un relato de orden y limpieza institucional. Boric gobernaba en mayo de 2022 en un Chile en plena efervescencia institucional, con una Convención Constitucional en marcha, una inflación desbocada post-pandemia y una guerra en Europa alterando los mercados globales. Los contextos son radicalmente distintos, pero ambos presidentes comparten el desafío universal del día 79: gobernar es más difícil que prometer.