En el día 80 de sus respectivos mandatos, ambos gobiernos enfrentaron desafíos concretos en seguridad interior, con La Araucanía como denominador común. El gobierno de Kast acumula tres frentes críticos en un mismo día: fallas graves de seguridad en la cárcel Santiago 1 documentadas por Gendarmería, una querella por violencia en La Araucanía que generó cuestionamientos por haber sido dirigida contra la organización equivocada, y deficiencias en el control de drogas incautadas en Iquique detectadas por la Contraloría. A esto se suman tensiones internas en el área de seguridad tras la salida de la exministra Steinert. Como contrapunto, el gobierno designó al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Embajador en Misión Especial, un gesto de transversalidad política poco habitual en un gobierno de derecha. En el día 80 de Boric, el 29 de mayo de 2022, el escenario también era complejo: el gobierno mantenía el estado de excepción en la Macrozona Sur bajo presión cruzada de su propia coalición y la oposición, mientras la Convención Constitucional avanzaba en normas polémicas y la economía comenzaba a mostrar señales de desaceleración. Ambos presidentes llegaron a su día 80 con La Araucanía como uno de sus principales problemas sin resolver, pero con estrategias opuestas: militarización con diálogo en el caso de Boric, judicialización directa en el caso de Kast.
En el día 80 de gobierno, tanto Kast como Boric tenían La Araucanía como uno de sus principales problemas sin resolver. Boric optó por el estado de excepción (despliegue militar), mientras Kast apuesta por la judicialización directa. Sin embargo, la primera querella de la gestión Arrau fue dirigida contra la organización equivocada: el ataque en Curacautín fue reivindicado por la Resistencia Mapuche Malleco (R.M.M.), pero la acción judicial apuntó a la Resistencia Mapuche Lafkenche (R.M.L.), una organización distinta. El error recuerda las dificultades operativas de inteligencia que también enfrentó el gobierno de Boric en la misma zona.
Gendarmería admite graves fallas de seguridad en la cárcel Santiago 1; primera querella por violencia en La Araucanía genera cuestionamientos por error en la identificación del grupo responsable
- Presentación de primera querella de la gestión del subsecretario Arrau por ataque incendiario en Curacautín, La Araucanía
- Designación del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Embajador de Chile en Misión Especial
- Gendarmería documentó fallas críticas de seguridad en el módulo 88 de la cárcel Santiago 1 (sector de alta peligrosidad)
- Contraloría General de la República reveló deficiencias en el control y custodia de drogas incautadas en el aeropuerto de Iquique
“La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, generó polémica al referirse al 'autocuidado y resguardo personal' como parte de la política de seguridad, y al ironizar sobre la inexistencia de un 'librito anillado' con el plan de seguridad del gobierno, declaraciones que fueron criticadas desde el propio oficialismo
Un informe interno de Gendarmería de Chile documentó fallas críticas de seguridad en el módulo 88 de la cárcel Santiago 1, uno de los sectores de mayor peligrosidad del recinto. Las deficiencias incluyen puertas de celdas sin acrílico central, luminarias dañadas y chapas defectuosas. El hallazgo se produce mientras el gobierno impulsa planes de ampliación de infraestructura penitenciaria, evidenciando que los recintos existentes presentan condiciones de seguridad gravemente deterioradas antes de que se construyan nuevos. Para un gobierno que ha hecho de la seguridad su principal promesa de campaña, las fallas estructurales en los penales representan un desafío directo: facilitan fugas, motines y el control interno por parte de organizaciones criminales.
El gobierno presentó su primera querella por violencia en La Araucanía bajo la gestión del subsecretario del Interior, Rodrigo Arrau, tras un ataque incendiario en Curacautín. El ataque fue reivindicado públicamente por la Resistencia Mapuche Malleco (R.M.M.), pero la acción judicial fue dirigida contra la Resistencia Mapuche Lafkenche (R.M.L.), una organización distinta, basándose en menciones encontradas en un lienzo dejado en el lugar. El error de identificación genera cuestionamientos sobre la capacidad de inteligencia y la rigurosidad jurídica del gobierno en una zona donde la precisión en la persecución penal es fundamental para la legitimidad de la acción estatal. La confusión entre organizaciones podría debilitar la querella en sede judicial y entregar argumentos a los críticos del enfoque.
La Contraloría General de la República identificó deficiencias en el control y custodia de drogas incautadas en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique, revelando fallos en los procedimientos de resguardo de evidencia. El hallazgo se suma a la preocupación por el narcotráfico en la zona norte del país, una de las prioridades declaradas del gobierno. Las fallas en la cadena de custodia de evidencia pueden comprometer procesos judiciales contra narcotraficantes y generan dudas sobre la efectividad operativa de las políticas antidrogas en una región fronteriza estratégica.
Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito, enfrenta cuestionamientos desde el propio oficialismo por sus declaraciones sobre 'autocuidado y resguardo personal' y sus ironías sobre la inexistencia de un plan articulado de seguridad. Quintana es considerada cercana a la exministra Trinidad Steinert, quien dejó el Ministerio del Interior semanas atrás. Las declaraciones revelan tensiones internas en el área más sensible del gobierno y sugieren que el recambio ministerial no resolvió los problemas de fondo en la conducción de la política de seguridad.
El presidente Kast designó al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC, 1994-2000) como Embajador de Chile en Misión Especial, un cargo de carácter flexible que permite su despliegue diplomático según las necesidades del país. Frei ya había desempeñado un rol similar con foco en Asia Pacífico entre 2014 y 2022, durante los gobiernos de Bachelet y Piñera. La designación de un expresidente democratacristiano por parte de un gobierno de derecha representa un gesto de transversalidad política en materia de política exterior, y puede interpretarse como un intento de proyectar unidad nacional o de ampliar la base de apoyo del gobierno en el ámbito internacional.
Un reportaje de CIPER publicado en el contexto del Día de los Patrimonios documentó que los sitios de memoria en Chile enfrentan abandono financiero e institucional. La situación refleja una deuda histórica del Estado con la preservación de la memoria de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990). En el contexto de un gobierno de derecha, el abandono de estos espacios genera críticas adicionales desde la oposición y organizaciones de derechos humanos.
Gobierno Boric mantenía el estado de excepción en la Macrozona Sur bajo presión cruzada, mientras la Convención Constitucional avanzaba en normas polémicas y la economía comenzaba a desacelerarse
- Mantenimiento del estado de excepción constitucional en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín (Macrozona Sur), con debate interno sobre su renovación
- Seguimiento del avance de la Convención Constitucional en la votación de normas sobre plurinacionalidad y sistemas de justicia indígena
- Gestión de la agenda económica ante primeras señales de desaceleración y aceleración de la inflación post-pandemia
“El gobierno de Boric defendía públicamente su enfoque dual en La Araucanía: diálogo con comunidades indígenas combinado con persecución del terrorismo y el narcotráfico, un equilibrio que generaba críticas simultáneas desde la derecha (por insuficiente) y desde sectores de su propia coalición (por excesivo en lo militar)
A fines de mayo de 2022, el gobierno de Boric mantenía el estado de excepción constitucional en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. La decisión generaba tensiones internas: sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista cuestionaban la militarización de la zona por razones de derechos humanos, mientras la oposición de derecha exigía mayor firmeza y resultados concretos. El gobierno intentaba sostener un enfoque que combinara seguridad con diálogo, pero la violencia en la zona no cedía, lo que debilitaba la posición de ambos flancos de su argumento.
La Convención Constitucional, órgano electo para redactar una nueva Constitución, avanzaba en la votación de normas sobre plurinacionalidad, sistemas de justicia indígena y derechos sociales. Las encuestas ya mostraban una tendencia creciente hacia el rechazo del texto en elaboración, lo que comenzaba a presionar al gobierno de Boric, que había apoyado el proceso constituyente. La incertidumbre institucional generada por el proceso afectaba las expectativas económicas, con el tipo de cambio presionado y la inversión privada contenida.
A fines de mayo de 2022, la economía chilena comenzaba a mostrar señales de desaceleración tras el boom de consumo impulsado por los retiros de fondos de pensiones y las transferencias fiscales del período pandémico. La inflación se aceleraba y el Banco Central continuaba su ciclo de alzas de tasas de interés para contenerla. El gobierno enfrentaba el desafío de gestionar una economía en transición desde el sobrecalentamiento hacia una normalización que, en los meses siguientes, se convertiría en contracción del PIB.
Comparación directa
La Araucanía como desafío irresuelto en el día 80: tanto Kast como Boric enfrentaron el conflicto en la Macrozona Sur como uno de sus principales problemas en este punto de sus mandatos. Boric mantenía un estado de excepción que incomodaba a su propia coalición; Kast presentó su primera querella judicial en la zona, pero con un error de identificación del grupo responsable que cuestionó la efectividad de la acción.
Los enfoques son opuestos: Boric apostó por la combinación de militarización temporal con diálogo político, lo que le generó críticas simultáneas desde la derecha y desde su propia coalición. Kast apuesta por la judicialización directa sin estado de excepción, pero tropieza en su primera acción concreta con un error operativo de inteligencia. En cuanto a distracciones institucionales, Boric tenía como variable dominante el proceso constituyente y sus efectos en la economía; Kast enfrenta fisuras internas en su propio equipo de seguridad tras el recambio ministerial. En política exterior, la designación de Frei por parte de Kast representa un gesto de transversalidad que no tuvo equivalente en los primeros meses del gobierno de Boric, período marcado por una polarización más pronunciada.
Boric gobernaba en un contexto de alta incertidumbre institucional por el proceso constituyente, inflación en alza y resaca económica post-pandemia, con una aprobación del 38% a los 80 días. No se dispone de encuesta equivalente para Kast en esta fecha. Ambos presidentes enfrentan cuestionamientos a la capacidad operativa del Estado en áreas clave: Boric por la violencia persistente en La Araucanía pese al estado de excepción; Kast por las fallas simultáneas en Gendarmería, Contraloría y la propia querella mal dirigida. El patrón común sugiere que las dificultades del aparato estatal para responder con eficacia en seguridad trascienden al partido gobernante.