El día 78 del gobierno de José Antonio Kast estuvo marcado por un escándalo en Codelco: una investigación de CIPER Chile y Ex-Ante reveló que ejecutivos de la cuprífera estatal inflaron artificialmente las cifras de producción de cobre de 2025, comprometiendo la credibilidad de la principal empresa estatal del país. Paralelamente, el gobierno prepara su primera Cuenta Pública para el 1 de junio, mientras enfrenta tensiones internas por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y genera debate al anunciar que aplicará la Política Nacional de Seguridad elaborada durante el gobierno anterior. En el día 78 del gobierno de Gabriel Boric —el 27 de mayo de 2022— la administración enfrentaba un escenario político dominado por la Convención Constitucional, que se encontraba en plena fase de votación de normas del borrador constitucional. El gobierno lidiaba además con una inflación en alza sostenida y preparaba también su primera Cuenta Pública para el 1 de junio de 2022. La aprobación presidencial mostraba ya un descenso significativo desde el inicio del mandato, ubicándose en torno al 34-36% según encuestas CADEM y Criteria de esa semana. El punto de encuentro más llamativo entre ambos gobiernos es que los dos presidentes llegaron a su día 78 preparando su primer discurso de Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, programado para el mismo día del calendario: el 1 de junio. Sin embargo, los contextos son radicalmente distintos: Kast enfrenta un escándalo de gobernanza corporativa en Codelco y divisiones dentro de su propia coalición, mientras Boric navegaba el proceso constituyente y una crisis inflacionaria global post-pandemia. Destaca también que el gobierno de Kast haya decidido mantener la Política Nacional de Seguridad de su predecesor, una decisión de continuidad institucional inusual en un área que fue eje central de la campaña presidencial.
Ambos presidentes preparaban su primera Cuenta Pública exactamente en el mismo momento de sus mandatos (día 78), programada para el 1 de junio de sus respectivos años. En paralelo, el escándalo de Codelco revela una diferencia de 14.000 toneladas de cobre entre la producción real reportada internamente (242.000 toneladas) y la cifra que se habría buscado presentar externamente (256.000 toneladas) para el año 2025. A precios internacionales de referencia de aproximadamente US$9.000 por tonelada, esa diferencia representa una sobreestimación de ingresos cercana a US$126 millones.
Escándalo en Codelco: investigación revela que ejecutivos inflaron cifras de producción de cobre en 2025
- El equipo del Segundo Piso presidencial (la unidad de asesores directos del Presidente), liderado por Cristián Valenzuela, trabaja en la elaboración del primer discurso de Cuenta Pública, programado para el 1 de junio
- El Ministro Arrau anunció que el gobierno aplicará la Política Nacional de Seguridad promulgada durante la administración Boric
- El ejecutivo César Márquez fue desvinculado de Codelco tras confirmarse la manipulación de cifras de producción de cobre
- Se intensificó la tensión interna en la coalición de gobierno por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau: los partidos libertarios presionan para avanzar mientras Chile Vamos la considera inoportuna
“Johannes Kaiser (diputado libertario) defendió la acusación constitucional contra Grau argumentando que 'siempre es un buen timing para hacer justicia'
“Dirigentes libertarios exigieron que no se hagan 'cálculos políticos' respecto a la acusación constitucional contra Grau
“El economista Óscar Landerretche advirtió que la inversión depende más de resolver los problemas de permisología (trabas burocráticas para aprobar proyectos) que de reducir la tasa tributaria
Una investigación conjunta de CIPER Chile y Ex-Ante reveló que ejecutivos de Codelco, incluyendo al presidente ejecutivo Rubén Alvarado, estaban al tanto de operaciones para inflar artificialmente las cifras de producción de cobre de 2025. Correos electrónicos internos muestran presiones para aumentar la producción reportada de 242 mil a 256 mil toneladas métricas, una diferencia de 14 mil toneladas que representa un maquillaje significativo de los resultados operacionales de la principal empresa estatal chilena. El ejecutivo César Márquez fue desvinculado tras confirmarse la manipulación. El escándalo plantea interrogantes sobre la gobernanza corporativa de Codelco y la supervisión del directorio designado bajo el gobierno de Kast, además de potenciales implicancias legales y financieras: las cifras de producción afectan directamente los ingresos fiscales y la credibilidad de Chile ante inversionistas internacionales.
El equipo del Segundo Piso del Presidente Kast trabaja en la elaboración del primer discurso de Cuenta Pública, programado para el 1 de junio al mediodía en el Congreso Pleno. El equipo de contenidos liderado por Cristián Valenzuela elabora el discurso, con apoyo técnico del Ministerio del Interior e Irarrázaval para la recopilación de información sectorial. Se estima que el discurso durará aproximadamente una hora. Este será un momento definitorio para el gobierno, que deberá presentar un balance de sus primeros 83 días de gestión y delinear su agenda legislativa y programática. El contexto del escándalo de Codelco y las tensiones internas de la coalición añaden presión sobre el contenido y tono del discurso.
Se intensificó el conflicto político dentro de la coalición de gobierno respecto a la acusación constitucional contra el exministro de Economía del gobierno de Boric, Nicolás Grau. Los partidos libertarios elevaron el tono exigiendo que no se hagan 'cálculos políticos' y que se avance con la acusación, mientras Chile Vamos reconoce que hay mérito jurídico pero la considera 'inoportuna' en el momento político actual. El diputado Johannes Kaiser defendió públicamente la acusación argumentando que 'siempre es un buen timing para hacer justicia'. La división expone una fractura entre el ala más confrontacional de la coalición gobernante (libertarios y republicanos) y el sector más pragmático (Chile Vamos), que teme que la acusación distraiga de la agenda legislativa y genere un efecto de victimización en la oposición.
El Ministro Arrau anunció que el gobierno de Kast aplicará la Política Nacional de Seguridad promulgada durante la administración anterior. La decisión generó reacciones cruzadas: desde la oposición, la exministra Camila Vallejo cuestionó la medida, mientras que expertos en seguridad de distintas administraciones coincidieron en que dicha política establece un marco general dentro del cual pueden inscribirse diferentes enfoques operativos. La decisión implica una continuidad institucional notable en un área que fue eje central de la campaña de Kast y una de sus principales críticas al gobierno de Boric. El gobierno apuesta por mantener el marco normativo existente y diferenciarse en la implementación y énfasis operativo.
El exministro Nicolás Grau salió a desestimar públicamente la posibilidad de un error en el cálculo de la proyección de deuda fiscal realizado durante su gestión, en el contexto de la acusación constitucional que enfrenta. La defensa de Grau se produce en un momento en que cualquier reconocimiento de errores técnicos podría fortalecer los argumentos de sus acusadores. Nota: La información sobre el traspaso de la encuesta de caracterización socioeconómica a la Fiscalía Supraterritorial, mencionada en fuentes preliminares, no pudo ser verificada con suficiente precisión para este informe y se omite hasta su confirmación.
El economista Óscar Landerretche analizó el proyecto de inversión del ministro Quiroz, respaldando la reintegración tributaria y la reducción del impuesto corporativo, pero advirtiendo que el proyecto requiere mayor rigor técnico. Planteó que la invariabilidad tributaria debe incorporar una prima de riesgo mayor y que la principal barrera a la inversión en Chile es la permisología (el conjunto de trámites y autorizaciones burocráticas para aprobar proyectos), más que el nivel de la tasa tributaria. La observación de Landerretche, economista respetado transversalmente, sugiere que el proyecto podría enfrentar resistencia técnica además de política.
La Pontificia Universidad Católica presentó una querella por un incendio que destruyó más de mil hectáreas en San Carlos. La acción legal apunta a contratistas de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, quienes habrían dejado colillas de cigarro en el predio donde realizaban labores de mantención y reforestación, provocando el siniestro. El caso se suma a la preocupación permanente por los incendios forestales en Chile y la responsabilidad de contratistas en su prevención.
Convención Constitucional en plena votación de normas mientras el gobierno prepara su primera Cuenta Pública
- El gobierno de Boric preparaba su primera Cuenta Pública programada para el 1 de junio de 2022 en el Congreso Pleno
- La Convención Constitucional continuaba la votación de normas del borrador constitucional, con debates sobre sistema político y derechos sociales
- El Banco Central mantenía un ciclo de alzas de tasas de interés para contener la inflación, en coordinación con la política fiscal del gobierno
- El gobierno avanzaba en negociaciones para su agenda legislativa de los primeros 100 días en un Congreso donde no tenía mayoría propia
“Nota editorial: No se registran declaraciones presidenciales o ministeriales específicas y verificables del 27 de mayo de 2022 para incluir en este campo. Las declaraciones de contexto general del período han sido incorporadas en la sección de temas.
Al igual que Kast cuatro años después, el gobierno de Boric se encontraba en plena preparación de su primer discurso de Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, programado para el 1 de junio de 2022. El equipo presidencial trabajaba en un discurso que debía equilibrar el balance de los primeros meses de gestión con las promesas programáticas y el contexto del proceso constituyente. Boric llegaba a este hito con una aprobación en descenso —en torno al 34-36% según CADEM y Criteria— y enfrentando críticas desde la derecha por temas de seguridad y desde sectores de su propia coalición por la velocidad de implementación de las reformas prometidas.
La Convención Constitucional se encontraba en una fase determinante de votación de normas para el borrador de nueva Constitución. Los debates se centraban en el sistema político propuesto, los derechos sociales fundamentales y la organización territorial del Estado. Las votaciones generaban controversia diaria y alimentaban la polarización política. El proceso constituyente era el tema dominante de la agenda política chilena en mayo de 2022, condicionando en gran medida la capacidad del gobierno de instalar su propia agenda. Las encuestas de ese período comenzaban a mostrar un creciente escepticismo ciudadano respecto al texto que se estaba elaborando, lo que eventualmente derivaría en el Rechazo del 4 de septiembre de 2022.
Chile enfrentaba en mayo de 2022 una inflación en alza sostenida, impulsada por factores globales post-pandemia, la guerra en Ucrania y los efectos rezagados de los retiros de fondos de pensiones aprobados durante la pandemia. El Banco Central había iniciado un agresivo ciclo de alzas de tasas de interés que encarecía el crédito y frenaba la actividad económica. El gobierno de Boric debía gestionar expectativas económicas en un contexto donde la inflación erosionaba el poder adquisitivo de los hogares, particularmente de los sectores más vulnerables que constituían su base electoral. Esta presión económica contribuía al descenso sostenido en las encuestas de aprobación.
Comparación directa
Ambos presidentes se encontraban en su día 78 preparando su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, programada para el 1 de junio de sus respectivos años. Este hito institucional obligaba a ambos gobiernos a hacer un primer balance de gestión y delinear prioridades ante el país. La coincidencia es exacta en el calendario de gobierno, aunque los contextos que rodeaban esa preparación eran completamente distintos.
Kast enfrenta un escándalo corporativo en Codelco (manipulación de cifras de producción) y tensiones internas en su coalición por la acusación constitucional contra Grau, mientras Boric lidiaba con el proceso constituyente y una crisis inflacionaria de origen global. En materia de aprobación, Boric registraba en ese momento un 35% (CADEM) y 33% (Criteria); no hay datos de encuesta publicados para Kast en esta fecha específica, lo que impide una comparación directa. En cuanto a continuidad institucional, el gobierno de Kast optó por mantener la Política Nacional de Seguridad de su predecesor, una decisión que contrasta con la tendencia habitual de los gobiernos entrantes de marcar diferencias con la administración anterior. Las fracturas internas también difieren en naturaleza: en Kast es entre libertarios y Chile Vamos por el tono confrontacional hacia la oposición; en Boric era entre el Frente Amplio y el Partido Comunista por la velocidad y profundidad de las reformas.
El gobierno de Kast opera en un contexto de mayor estabilidad institucional —sin proceso constituyente en curso— pero enfrenta el desafío de gestionar una empresa estatal en crisis de credibilidad y una coalición heterogénea con tensiones ideológicas internas. Boric en mayo de 2022 gobernaba bajo la sombra omnipresente de la Convención Constitucional, que absorbía gran parte de la energía política del país, y enfrentaba una inflación que erosionaba rápidamente su capital político inicial. Ambos llegaban a su primera Cuenta Pública con desafíos significativos que condicionaban el tono y contenido de sus discursos inaugurales ante el Congreso.