El día 17 de gobierno es, para cualquier presidente, una semana de transición entre el entusiasmo del inicio y la realidad de gobernar. Tanto José Antonio Kast en 2026 como Gabriel Boric en 2022 lo vivieron con agendas distintas pero con desafíos similares: ninguno tenía mayoría propia en el Congreso, ambos heredaron el estado de excepción en La Araucanía, y los dos registraban aprobaciones cercanas al 50% en plena luna de miel ciudadana. La diferencia estaba en las prioridades: Kast centró sus primeras semanas en seguridad pública y control migratorio, avanzando por vía administrativa mientras construía mayorías legislativas. Boric, en cambio, priorizó la agenda social y la reforma tributaria, gobernando además bajo el telón de fondo de una Convención Constitucional en pleno funcionamiento que generaba tanto expectativas como incertidumbre. Dos presidentes, dos Chiles distintos, el mismo día de gobierno.
En el día 17 de gobierno, ambos presidentes registraban niveles de aprobación cercanos al 50%, reflejo del período de luna de miel inicial que históricamente beneficia a todo gobierno recién instalado. Sin embargo, la composición de sus bases de apoyo era radicalmente distinta: Kast concentraba su respaldo en sectores socioeconómicos altos y en regiones del centro-sur del país, mientras Boric lo obtenía principalmente entre jóvenes, sectores populares urbanos y la Región Metropolitana. Ambos compartían el desafío histórico de gobernar sin mayoría propia en el Congreso, lo que haría de la negociación política una constante de sus respectivos mandatos.
Kast refuerza agenda de seguridad y avanza en medidas administrativas para acelerar expulsiones de migrantes con antecedentes penales
- Continuación de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública anunciado en los primeros días de gobierno
- Gestiones para agilizar procesos administrativos de expulsión de migrantes en situación irregular con antecedentes penales, en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones
- Reuniones con mandos de Carabineros y PDI para evaluar despliegue operativo en la Macrozona Sur y la zona norte del país
- Coordinación con el Ministerio del Interior sobre el estado de excepción constitucional vigente en regiones afectadas por el conflicto en La Araucanía
“El orden y la seguridad son la base de todo lo demás. Vamos a cumplir lo que prometimos: un Chile donde se respete la ley, sin excepciones.
El gobierno de Kast mantenía como eje central de sus primeras semanas la agenda de seguridad. Para el día 17, las medidas administrativas de endurecimiento migratorio estaban en marcha, incluyendo la coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones para acelerar procesos de expulsión de personas con antecedentes penales. El Ministerio del Interior trabajaba en protocolos de actuación policial más robustos. La oposición —particularmente desde el Frente Amplio y el Partido Comunista— criticaba lo que calificaba como una criminalización de la migración y advertía sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos. Sectores de Chile Vamos, aliados del gobierno, mostraban apoyo general pero con matices sobre la velocidad de implementación.
El gobierno mantenía el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, continuando una política que venía desde el gobierno de Piñera y que Boric también sostuvo durante parte de su mandato. Kast buscaba diferenciarse con un enfoque más decidido en el uso de las fuerzas de seguridad, incluyendo la posibilidad de ampliar las facultades militares en la zona. Organizaciones mapuche y de derechos humanos expresaban preocupación por la escalada en el tono del gobierno respecto al conflicto territorial.
Con un Congreso donde el oficialismo no contaba con mayoría propia, el gobierno de Kast enfrentaba las primeras dificultades para avanzar en su agenda legislativa. Los proyectos en materia de seguridad requerían negociaciones con sectores de Chile Vamos y eventuales apoyos de la Democracia Cristiana para alcanzar los quórum necesarios. La estrategia del gobierno era priorizar medidas implementables por vía administrativa mientras se construían las mayorías legislativas necesarias.
Boric avanza en instalación de su agenda de gobierno mientras la Convención Constitucional entra en fase decisiva de deliberaciones
- Gestión de la agenda gubernamental con foco en la reforma tributaria como prioridad legislativa de los primeros 100 días
- Seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional, que se encontraba en plena fase de deliberación y votación de normas en sus comisiones temáticas
- Coordinación del gabinete en torno a los compromisos de los primeros 100 días anunciados en campaña
- Abordaje de la situación de seguridad en la Macrozona Sur, donde se mantenía el estado de excepción heredado del gobierno anterior
“Gobernar es más complejo que hacer campaña, pero estamos trabajando con toda la energía para cumplir los compromisos que asumimos con el pueblo de Chile.
“La Convención Constitucional es un proceso histórico y como gobierno vamos a respetar su autonomía.
Para el día 17 de su mandato, el gobierno de Boric estaba en plena fase de instalación. El equipo ministerial —el más joven de la historia de Chile y el primero paritario— trabajaba en la articulación de las prioridades legislativas. La reforma tributaria era el proyecto estrella que se preparaba para ser enviado al Congreso, con el objetivo de recaudar entre 4 y 5 puntos del PIB para financiar el programa de gobierno. Las expectativas ciudadanas eran altas tras el estallido social de 2019 y la elección de un presidente de 36 años. Sin embargo, ya se percibían las primeras señales de las dificultades que implicaría gobernar sin mayoría parlamentaria clara.
El proceso constituyente era el telón de fondo político más relevante de las primeras semanas del gobierno de Boric. La Convención Constitucional, instalada en julio de 2021, se encontraba en plena fase de deliberación y votación de normas en sus comisiones temáticas. El gobierno mantenía una posición de respeto a la autonomía del órgano, aunque sectores de la coalición gobernante tenían representación directa en la Convención. Ya comenzaban a surgir las primeras polémicas sobre algunas propuestas de normas que generaban controversia pública, lo que eventualmente contribuiría al rechazo del texto en el plebiscito de septiembre de 2022.
Chile enfrentaba una inflación en ascenso que llegaría a niveles no vistos en décadas durante 2022. Los efectos de los tres retiros de fondos de pensiones aprobados entre 2020 y 2021 se manifestaban en presiones inflacionarias. El Banco Central había iniciado un ciclo de alzas de tasas de interés que encarecía el crédito. El gobierno de Boric heredaba una economía que había rebotado fuertemente en 2021 pero que mostraba señales de desaceleración, con un mercado laboral que aún no recuperaba los niveles pre-pandemia en términos de calidad del empleo. A esto se sumaban las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.
El gobierno de Boric mantenía el estado de excepción en la Macrozona Sur, una decisión que generaba tensiones internas en la coalición gobernante, particularmente con sectores del Partido Comunista y movimientos sociales que habían sido críticos de esta medida durante el gobierno de Piñera. Como antecedente relevante de las primeras semanas, la ministra del Interior Izkia Siches había realizado una visita a La Araucanía el 14 de marzo (día 3 de gobierno) que resultó accidentada, marcando las dificultades del nuevo enfoque que el gobierno intentaba implementar en la zona.
Comparación directa
Ambos presidentes enfrentaban en su día 17 el desafío de la seguridad en la Macrozona Sur y la gestión del estado de excepción, además de las dificultades inherentes a gobernar sin mayorías parlamentarias propias. La seguridad pública era tema transversal en ambos gobiernos, aunque con enfoques radicalmente distintos.
La diferencia más marcada radica en las prioridades programáticas: Kast puso la seguridad y el control migratorio como eje central desde el día uno, con un enfoque de fortalecimiento policial y medidas administrativas de efecto rápido. Boric, en cambio, priorizó la agenda social y la reforma tributaria, con un enfoque que buscaba abordar causas estructurales. En materia de Macrozona Sur, Kast apostaba por mayor presencia militar y policial, mientras Boric intentaba —con dificultades— combinar seguridad con diálogo. El contexto institucional también era radicalmente distinto: Boric gobernaba con una Convención Constitucional en marcha que generaba incertidumbre sobre las reglas del juego, mientras Kast lo hacía bajo una Constitución ya consolidada tras dos procesos plebiscitarios.
Kast llegó al poder en un Chile que había procesado el ciclo constituyente —con dos rechazos plebiscitarios en 2022 y 2023— y donde las encuestas mostraban que la seguridad se había convertido en la principal preocupación ciudadana, desplazando a las demandas sociales del estallido de 2019. Boric asumió en un Chile aún marcado por ese estallido, con enormes expectativas de cambio estructural y un proceso constituyente en curso. La inflación era un problema presente en ambos contextos, aunque con orígenes y magnitudes distintas. Ambos presidentes compartían, sin embargo, el mismo punto de partida aritmético: gobernar desde la minoría parlamentaria, lo que obligaba a negociar cada proyecto de ley.