En el día 16 de sus respectivos mandatos, ambos presidentes enfrentaban el desafío de consolidar sus primeras medidas tras el período inicial de instalación. José Antonio Kast, el 26 de marzo de 2026, concentraba su agenda en seguridad pública: coordinación con las Fuerzas Armadas para el control de fronteras en el norte del país y avances legislativos contra el crimen organizado. Gabriel Boric, el 26 de marzo de 2022, procesaba las consecuencias del fallido intento de diálogo de su ministra del Interior en La Araucanía, mientras preparaba la reforma tributaria que sería el pilar financiero de su programa social. Ambos mandatarios registraban niveles de aprobación similares —en torno al 50%— pero con bases de sustento distintas: Kast respaldado por su firmeza en seguridad, Boric por sus promesas de transformación social. El contraste de enfoques ante la violencia territorial es el eje central de este día espejo.
En el día 16 de gobierno, ambos presidentes registraban niveles de aprobación similares —en torno al 50-52%— pero sustentados en razones distintas: Kast era valorado principalmente por su firmeza en seguridad y cuestionado por la falta de agenda social; Boric era apoyado por sus promesas de transformación social pero criticado por su manejo de la seguridad. Históricamente, los presidentes chilenos alcanzan su mayor nivel de aprobación en las primeras 2 a 3 semanas de gobierno —el llamado 'período de luna de miel'—, lo que hace de este momento un punto de inflexión clave para la trayectoria de popularidad del mandato.
Kast avanza en implementación del Plan Nacional de Seguridad y refuerza control fronterizo en el norte
- Reunión de coordinación con el Estado Mayor Conjunto (máximo organismo de conducción de las Fuerzas Armadas) y el subsecretario del Interior para evaluar el despliegue militar en zonas fronterizas del norte
- Instrucciones al Ministerio del Interior para acelerar la tramitación de indicaciones al proyecto de ley contra el crimen organizado en el Congreso
- Anuncio de aumento de dotación de Carabineros en comunas con mayores índices de delincuencia en la Región Metropolitana
- Reunión con el ministro de Justicia para revisar el estado del sistema penitenciario y medidas de endurecimiento de penas
“Cada día que pasa sin actuar con firmeza es un día que el crimen organizado gana terreno. Este gobierno no va a titubear en usar todas las herramientas legales disponibles para proteger a los chilenos.
“Le hemos pedido a Carabineros y a las Fuerzas Armadas un plan de acción concreto con resultados medibles. La ciudadanía necesita ver cambios reales, no solo anuncios.
El gobierno continuó con la implementación de medidas de control fronterizo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El ministro del Interior confirmó el despliegue de contingentes adicionales de las Fuerzas Armadas en pasos no habilitados, en coordinación con la PDI y Carabineros. La medida fue bien recibida por alcaldes de la zona norte, aunque organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el trato a migrantes en situación irregular.
El Ejecutivo preparó indicaciones al proyecto de ley sobre crimen organizado en tramitación en el Congreso. Las modificaciones apuntaban a endurecer penas, ampliar las facultades de inteligencia policial y facilitar la cooperación internacional en materia de narcotráfico. Parlamentarios de oposición advirtieron que algunas de estas medidas podrían vulnerar garantías constitucionales.
Parlamentarios de centroizquierda, particularmente del Frente Amplio y el Partido Socialista, criticaron que el gobierno concentrara su energía legislativa en seguridad sin abordar urgencias sociales como el costo de la vida, la salud pública y las pensiones. La oposición planteó que la agenda de seguridad no podía ser el único eje del gobierno.
El tipo de cambio se mantenía relativamente estable en las primeras semanas del gobierno, con los mercados financieros reaccionando positivamente a las señales de disciplina fiscal del nuevo ministro de Hacienda. Analistas económicos anticipaban la presentación próxima de un plan de ajuste fiscal.
Boric busca reencauzar su agenda social tras el fallido intento de diálogo de Siches en La Araucanía
- Reunión con el comité político ampliado para evaluar el impacto del viaje de la ministra Siches a Temucuicui (22 de marzo) y definir una nueva estrategia para La Araucanía
- Trabajo conjunto con el equipo económico del ministro de Hacienda Mario Marcel en la elaboración del proyecto de reforma tributaria
- Coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para evaluar la extensión del IFE Laboral (beneficio de apoyo al empleo creado durante la pandemia) y otros apoyos sociales
- Establecimiento de canales de comunicación institucional con la Convención Constitucional, que se encontraba en pleno proceso de deliberación
“Los problemas de La Araucanía no se resuelven en un día ni con un solo viaje. Vamos a insistir en el diálogo, pero también vamos a ser firmes en que la violencia no es el camino.
“Este gobierno llegó para hacerse cargo de las deudas históricas que Chile tiene con su pueblo. La reforma tributaria que vamos a presentar es fundamental para financiar los derechos sociales que la ciudadanía demanda.
El gobierno procesaba las consecuencias del viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad de Temucuicui el 22 de marzo de 2022, donde la comitiva no logró su objetivo de diálogo y debió retirarse tras disparos al aire. La oposición de derecha calificó el intento como un error de evaluación política. El gobierno buscaba recomponer su narrativa insistiendo en que el diálogo seguía siendo la vía principal, sin descartar el uso de herramientas del Estado de derecho.
El equipo económico liderado por el ministro Mario Marcel trabajaba en la elaboración del proyecto de reforma tributaria, pieza central del programa de gobierno. Se anticipaba una reforma orientada a recaudar entre 4 y 5 puntos del PIB, con foco en impuestos a la renta de altos ingresos, royalty minero y medidas contra la evasión y elusión fiscal. El sector empresarial ya expresaba reservas sobre el alcance de la propuesta.
La Convención Constitucional —órgano elegido para redactar una nueva Constitución— se encontraba en pleno proceso de deliberación y votación de normas. El gobierno de Boric apoyaba el proceso pero intentaba mantener distancia institucional. Algunas normas aprobadas en comisiones generaban controversia pública y comenzaban a erosionar el apoyo ciudadano al proceso constituyente, lo que representaba un desafío político para el gobierno.
El gobierno evaluaba la continuidad y focalización del IFE Laboral y otros beneficios sociales implementados durante la pandemia. La tensión entre mantener el apoyo a sectores vulnerables y la necesidad de consolidación fiscal era uno de los dilemas tempranos del equipo económico.
Comparación directa
En su día 16, ambos presidentes enfrentaban el desafío de la seguridad y el orden público en zonas con presencia de violencia: Kast con el crimen organizado y la migración irregular en el norte del país; Boric con el conflicto territorial en La Araucanía y la Macrozona Sur. En ambos casos, la respuesta del Estado a la violencia en territorios específicos era el tema dominante de la agenda.
El enfoque fue radicalmente distinto. Kast apostó desde el inicio por una estrategia de despliegue de fuerza pública, endurecimiento penal y control fronterizo, recibiendo respaldo de su base electoral pero críticas de la oposición por el impacto en derechos humanos. Boric intentó una aproximación de diálogo directo que no logró su objetivo en Temucuicui, debilitando tempranamente la credibilidad de su estrategia para La Araucanía y generando críticas tanto de la derecha como de sectores de su propia coalición. En materia económica, los caminos también divergían: Kast enviaba señales de austeridad fiscal, mientras Boric preparaba una reforma tributaria de amplio alcance para financiar su programa social. A esto se sumaba una diferencia de contexto institucional relevante: Boric gobernaba con una Convención Constitucional en funcionamiento, una variable de complejidad política que no existía en el período de Kast.
Kast llegó al poder en un Chile marcado por la fatiga ciudadana ante la inseguridad, el avance del crimen organizado transnacional y una demanda social por orden que fue determinante en su elección. Boric, en cambio, asumió en el contexto del estallido social de 2019, con un proceso constituyente en marcha, una economía en recuperación post-pandemia y altas expectativas de transformación social. Las bases electorales de cada uno demandaban cosas muy distintas: la de Kast exigía resultados concretos en seguridad; la de Boric esperaba avances en derechos sociales y una nueva Constitución.