En sus respectivas terceras semanas de gobierno, José Antonio Kast (día 18, 31 de marzo de 2026) y Gabriel Boric (día 18, 28 de marzo de 2022) enfrentaban el mismo desafío estructural: convertir las promesas de campaña en políticas concretas, con coaliciones complejas y un Congreso sin mayoría propia. Kast concentraba su energía en seguridad pública y control migratorio, las dos banderas centrales de su campaña. Su gobierno republicano avanzaba en el fortalecimiento de Carabineros y la PDI, y en la aceleración de expulsiones de migrantes con antecedentes penales. La oposición de centroizquierda e izquierda cuestionaba el enfoque, mientras sectores de Chile Vamos pedían gradualidad en las reformas. Boric, cuatro años antes, transitaba sus primeras semanas con la Convención Constitucional como telón de fondo y una agenda social ambiciosa —reforma tributaria, pensiones, salud— como hoja de ruta. Sin embargo, el episodio de la visita frustrada de la ministra Izkia Siches a la comunidad mapuche de Temucuicui (15 de marzo) había golpeado tempranamente la estrategia de diálogo en La Araucanía. Su coalición, que unía a Apruebo Dignidad (izquierda y centroizquierda) con el Socialismo Democrático (partidos históricos de la Concertación como el PS y el PPD), mostraba sus primeras tensiones internas. Ambos presidentes registraban aprobaciones en torno al 50%, cifra habitual en la luna de miel presidencial chilena. La diferencia estaba en el rumbo: orden y seguridad para Kast, transformación social y proceso constituyente para Boric.
En sus respectivas terceras semanas de gobierno, tanto Kast como Boric registraban aprobaciones cercanas al 50%, una cifra habitual en la luna de miel presidencial chilena. La trayectoria posterior de Boric fue de caída sostenida, llegando a niveles de entre 25% y 30% hacia el final de su mandato, en parte por el rechazo constitucional, la inflación y las dificultades para avanzar su agenda legislativa. Para Kast, el desafío histórico es sostener esa aprobación inicial: ningún presidente chileno reciente ha terminado su mandato con cifras similares a las del inicio. La gestión de la seguridad y la economía serán los termómetros principales.
Kast avanza en agenda de seguridad y refuerza control migratorio en su tercera semana de gobierno
- Continuación de la implementación del plan de seguridad pública con énfasis en dotación policial y tecnología de vigilancia
- Instrucciones al Ministerio del Interior para acelerar procesos de expulsión de migrantes irregulares con antecedentes penales
- Reuniones de coordinación con el equipo económico para definir el marco del primer proyecto de ley de Presupuesto sectorial en seguridad
- Gestiones diplomáticas con países vecinos para fortalecer el control fronterizo bilateral
“Hemos sido elegidos con un mandato claro: devolver la seguridad a las familias chilenas. No vamos a descansar hasta que cada barrio de Chile sea un lugar seguro para vivir.
“El orden migratorio no es xenofobia, es responsabilidad de Estado. Chile será un país de puertas abiertas para quienes vienen a contribuir y de firmeza con quienes vienen a delinquir.
El gobierno de Kast desplegaba su estrategia de seguridad, que incluía el aumento de presupuesto para Carabineros y la PDI, la incorporación de tecnología de vigilancia en zonas críticas y la revisión de protocolos de uso de la fuerza. El Ministerio del Interior coordinaba con las policías la implementación de planes de patrullaje reforzado en la Región Metropolitana y en regiones con mayores índices de criminalidad. La oposición advertía sobre posibles vulneraciones a derechos humanos en la aplicación de las medidas.
El gobierno avanzaba en la operativización de su política migratoria, instruyendo al Servicio Nacional de Migraciones para acelerar la tramitación de expulsiones administrativas. Se anunciaron nuevas medidas de fiscalización en pasos fronterizos del norte del país. Organizaciones de derechos humanos y la oposición expresaron preocupación por el enfoque punitivo, mientras sectores del oficialismo lo respaldaban como cumplimiento de promesas de campaña.
El gobierno republicano enfrentaba el desafío de articular mayorías en un Congreso donde no contaba con mayoría propia. Las negociaciones con Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) eran clave para avanzar en la agenda legislativa. Se reportaban tensiones internas sobre el ritmo y alcance de las reformas, con sectores más moderados de la coalición pidiendo gradualidad en la implementación.
Boric recompone estrategia en La Araucanía y avanza en reforma tributaria en su tercera semana de gobierno
- Reunión de gabinete ampliado para definir la hoja de ruta legislativa del primer semestre, con foco en reforma tributaria y pensiones
- La ministra del Interior, Izkia Siches, realizaba gestiones en La Araucanía para recomponer la estrategia de diálogo tras la polémica visita frustrada a Temucuicui del 15 de marzo
- Definición de la estrategia comunicacional del gobierno frente al proceso de la Convención Constitucional
- Coordinación con el Ministerio de Hacienda (ministro Mario Marcel) para preparar el proyecto de reforma tributaria
“Nuestro gobierno tiene la convicción de que Chile necesita transformaciones profundas, pero hechas con responsabilidad y diálogo. No vamos a improvisar.
“La reforma tributaria es fundamental para financiar los derechos sociales que Chile necesita. Vamos a pedir un esfuerzo a quienes más tienen para que todos vivamos mejor.
El gobierno procesaba las consecuencias políticas de la fallida visita de la ministra Izkia Siches a la comunidad mapuche de Temucuicui (Región de La Araucanía) el 15 de marzo, donde fue recibida con disparos al aire. El episodio golpeó la estrategia de diálogo con el pueblo mapuche y generó críticas desde la oposición —que lo calificó de ingenuidad— y desde sectores de la propia coalición. Para el 28 de marzo, el gobierno buscaba recomponer su aproximación a la macrozona sur sin abandonar la vía del diálogo.
El equipo económico liderado por el ministro Mario Marcel trabajaba en la elaboración del proyecto de reforma tributaria, pieza clave del programa de gobierno. Se estimaba una recaudación adicional de entre 4 y 5 puntos del PIB para financiar el programa social. El sector empresarial y la oposición de derecha manifestaban reservas sobre el alcance de la reforma, mientras economistas debatían su impacto en la inversión y el crecimiento.
La Convención Constitucional, instalada en julio de 2021 tras el plebiscito de octubre de 2020, se encontraba en pleno proceso de redacción del nuevo texto constitucional. El gobierno de Boric mantenía una posición de apoyo al proceso pero evitaba interferir directamente en su trabajo. Las encuestas comenzaban a mostrar una tendencia a la baja en la aprobación del trabajo de la Convención, lo que generaba preocupación en el oficialismo.
Boric enfrentaba el desafío de mantener cohesionada una coalición que unía a Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) con el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y DC), partidos con tradiciones e ideologías distintas. Las primeras semanas mostraban tensiones entre el ala más radical y los sectores más moderados, particularmente en temas de seguridad pública y política económica.
Comparación directa
En sus respectivas terceras semanas, ambos presidentes enfrentaban el mismo desafío de fondo: traducir un mandato electoral claro en políticas concretas, operando con coaliciones heterogéneas y sin mayoría propia en el Congreso. Ambos también recibieron su primer test en materia de seguridad: Kast con la criminalidad urbana y la migración irregular, Boric con el conflicto en La Araucanía. En ambos casos, la respuesta inicial definió parte importante del tono de sus gobiernos.
La diferencia más marcada es la orientación de las prioridades: Kast concentraba su energía en seguridad pública y control migratorio (agenda de orden y firmeza), mientras Boric la concentraba en reforma tributaria y derechos sociales (agenda de transformación estructural). En política de seguridad, Kast apostaba por fortalecimiento policial y mano dura, mientras Boric había apostado por el diálogo político con las comunidades mapuche, con resultados iniciales adversos. En lo económico, Kast buscaba transmitir señales de estabilidad y confianza al mercado, mientras Boric preparaba una reforma tributaria ambiciosa que generaba incertidumbre en el sector empresarial.
Kast gobernaba en un Chile marcado por la fatiga ciudadana ante la inseguridad, el narcotráfico y la crisis migratoria. Su elección reflejaba un giro a la derecha de parte del electorado, influido por el rechazo al texto constitucional de la Convención en el plebiscito de septiembre de 2022 y el desgaste del gobierno de Boric. Boric, en cambio, gobernaba en un Chile post-estallido social de octubre de 2019, con un proceso constituyente activo y expectativas de cambio estructural, pero también con una economía golpeada por la pandemia y los retiros de fondos de pensiones. Ambos registraban aprobaciones iniciales similares —en torno al 50%—, cifra típica de la luna de miel presidencial en Chile, aunque con bases de apoyo y proyectos de país radicalmente distintos. Estas cifras son estimaciones del período; los datos exactos de cada semana pueden variar según la encuestadora consultada.