En su día 14 de gobierno, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric enfrentaron los desafíos propios de las primeras semanas de mandato, con agendas marcadas por prioridades muy distintas pero con un denominador común: la necesidad de demostrar gobernabilidad en un Chile políticamente fragmentado. Kast, el 24 de marzo de 2026, consolidaba su agenda de seguridad pública con énfasis en el control fronterizo y el combate al crimen organizado, mientras su coalición Chile Seguro buscaba construir mayorías en un Congreso donde no tenía mayoría absoluta en el Senado. Boric, el 24 de marzo de 2022, gestionaba las complejidades de una coalición amplia que iba del Partido Comunista a la ex Concertación, mientras el proceso constituyente de la Convención Constitucional avanzaba y las expectativas sociales post-estallido eran enormes. Días antes, la visita de la ministra del Interior Izkia Siches a La Araucanía había generado una controversia que obligó al gobierno a replantear su estrategia en la región. Ambos presidentes registraban aprobaciones iniciales similares y moderadas, reflejando lunas de miel cautelosas de una ciudadanía que, en ambos casos, esperaba resultados concretos.
En el día 14 de gobierno, ambos presidentes registraban aprobaciones iniciales similares y moderadas: Kast con aproximadamente 52% y Boric con 50% según mediciones CADEM de sus respectivos períodos. Ambas cifras se ubican ligeramente por debajo del promedio histórico de luna de miel de los presidentes chilenos, que ronda el 55% en las primeras semanas. Sus bases de apoyo eran, sin embargo, espejos invertidos: Kast con mayor respaldo en sectores socioeconómicos altos y zonas rurales del centro-sur; Boric con predominio entre jóvenes urbanos y sectores populares. Este patrón refleja la polarización del electorado chileno, donde ambos líderes ganaron sus elecciones con márgenes ajustados y sin lograr mayorías amplias.
Kast refuerza agenda de seguridad y avanza en medidas contra el crimen organizado en sus primeras dos semanas de gobierno
- Continuación del despliegue del Plan Nacional de Seguridad con instrucciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros para reforzar el control fronterizo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta
- Reuniones de coordinación con el ministro del Interior Luis Silva para la implementación de la agenda legislativa en materia de seguridad pública
- Preparación de proyectos de ley para endurecer las penas por narcotráfico y crimen organizado, en cumplimiento de compromisos de campaña
- Primeras señales de política exterior con acercamiento a gobiernos de la región que comparten agenda de seguridad y control migratorio
“Este gobierno no le va a temblar la mano para combatir el crimen organizado. Los chilenos eligieron orden y seguridad, y eso es lo que vamos a entregar.
“Estamos trabajando con las Fuerzas Armadas y de Orden para que la frontera norte deje de ser una puerta abierta para el narcotráfico y la migración irregular.
El gobierno de Kast mantenía como eje central de sus primeras semanas la agenda de seguridad. El Ministerio del Interior coordinaba con Carabineros y las Fuerzas Armadas el reforzamiento del control fronterizo, especialmente en el norte del país. Se preparaban proyectos de ley para endurecer el marco penal contra el narcotráfico y el crimen organizado, cumpliendo compromisos de campaña. La oposición de centroizquierda e izquierda cuestionaba el enfoque predominantemente punitivo, señalando que sin políticas de prevención y reinserción social las medidas serían insuficientes a largo plazo. Organizaciones de derechos humanos expresaban preocupación por el rol ampliado de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Kast avanzaba en la implementación de políticas migratorias más restrictivas, incluyendo la aceleración de procesos de expulsión de migrantes en situación irregular con antecedentes penales. El gobierno anunciaba la revisión integral de la política migratoria, con el objetivo de establecer un sistema de ingreso más selectivo y ordenado. Organizaciones internacionales y ONGs de migrantes alertaban sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales en los procedimientos de expulsión. Sectores empresariales del agro y la construcción expresaban, por su parte, preocupación por el impacto en la disponibilidad de mano de obra.
La coalición oficialista Chile Seguro (Partido Republicano, UDI, RN y Evópoli) trabajaba en la construcción de acuerdos internos para priorizar la agenda legislativa. Sin mayoría absoluta en el Senado, el gobierno necesitaba negociar con sectores de centro para aprobar sus proyectos emblemáticos. Las primeras diferencias entre el ala más dura del Partido Republicano y los sectores más moderados de Chile Vamos comenzaban a manifestarse en la definición de prioridades.
Boric enfrenta primeras tensiones de coalición y replantea estrategia en La Araucanía mientras impulsa agenda de reformas sociales
- Reuniones de trabajo con el ministro de Hacienda Mario Marcel para definir la hoja de ruta de la reforma tributaria, pilar del financiamiento de las reformas sociales prometidas
- Seguimiento del proceso constituyente: la Convención Constitucional continuaba sus sesiones en comisiones temáticas con miras a la redacción del borrador constitucional
- Gestiones para recomponer la estrategia del gobierno en La Araucanía tras la controversia generada por la visita de la ministra Siches a Temucuicui el 16 de marzo
- Primeras señales de política exterior con énfasis en multilateralismo, derechos humanos y posicionamiento en foros internacionales
“Gobernar es mucho más difícil que hacer campaña. Estamos enfrentando los problemas con responsabilidad, sin populismo, pero con urgencia social.
“La Convención Constitucional es un proceso histórico que debemos cuidar entre todos. Es la oportunidad de Chile de darse una Constitución legítima y democrática.
A dos semanas de asumir, el gobierno de Boric gestionaba las complejidades de una coalición amplia que iba desde el Partido Comunista hasta sectores de la ex Concertación (Socialismo Democrático). La ministra del Interior Izkia Siches había protagonizado una visita a Temucuicui, en La Araucanía, el 16 de marzo, donde fue recibida con disparos al aire, generando una controversia que la oposición utilizó para cuestionar la preparación del gobierno en materia de seguridad. Las diferencias entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático comenzaban a manifestarse en el ritmo y la profundidad de las reformas: el ala más progresista presionaba por cambios estructurales inmediatos, mientras los sectores moderados abogaban por gradualismo y responsabilidad fiscal.
La Convención Constitucional, instalada en julio de 2021, se encontraba en pleno trabajo en sus comisiones temáticas. El gobierno de Boric expresaba apoyo al proceso, aunque comenzaban a surgir preocupaciones por propuestas consideradas de difícil aprobación en un eventual plebiscito, que podían alejar al electorado de centro. Las encuestas de la época mostraban una tendencia decreciente en el apoyo al proceso constituyente, lo que generaba inquietud tanto en el gobierno como entre los convencionales afines al oficialismo.
El ministro de Hacienda Mario Marcel trabajaba en el diseño de la reforma tributaria para financiar las reformas sociales prometidas. En paralelo, la inflación comenzaba a ser una preocupación creciente: el IPC mostraba alzas sostenidas que erosionaban el poder adquisitivo de los hogares, en un contexto internacional marcado por el inicio de la guerra en Ucrania (febrero de 2022) y el alza en los precios de la energía y los alimentos. El Banco Central ya había iniciado un ciclo de alzas de tasas de interés para contener la inflación, lo que condicionaba el margen de maniobra fiscal del nuevo gobierno.
El conflicto en la Macrozona Sur seguía siendo un tema urgente. Tras la controversia del viaje de la ministra Siches a Temucuicui, el gobierno buscaba recomponer su estrategia para la región, intentando equilibrar el diálogo con comunidades mapuche y la respuesta institucional a la violencia rural. La oposición de derecha criticaba el enfoque del gobierno, calificándolo de insuficiente ante la gravedad de la situación de seguridad en la zona.
Comparación directa
En su día 14 de gobierno, ambos presidentes enfrentaban el desafío de consolidar la gobernabilidad con coaliciones internas complejas y un Congreso fragmentado que no les otorgaba mayoría automática. La seguridad pública era un tema relevante para ambos mandatos, aunque con enfoques opuestos: Kast apostaba por mayor presencia de fuerzas de seguridad y control fronterizo; Boric por el diálogo y un enfoque de derechos humanos. Ambos debían demostrar, en sus primeras semanas, que podían traducir sus promesas de campaña en acciones concretas de gobierno.
La diferencia más marcada radica en las prioridades de agenda: Kast colocaba la seguridad pública y el control migratorio como ejes centrales, mientras Boric priorizaba las reformas sociales y el proceso constituyente. En política económica, Kast buscaba dar señales de estabilidad pro-mercado y contención del gasto, mientras Boric preparaba una reforma tributaria expansiva para financiar nuevos derechos sociales. En La Araucanía, Boric había intentado el diálogo directo a través de la ministra Siches, con resultados adversos que generaron controversia pública; Kast optaba por el reforzamiento de la presencia policial y militar en la zona. Las tensiones internas de coalición también diferían en su naturaleza: Kast lidiaba con la brecha entre el ala más dura del Partido Republicano y los sectores más moderados de Chile Vamos; Boric con las diferencias programáticas entre el Frente Amplio-PC y el Socialismo Democrático.
Kast gobernaba en un Chile marcado por la fatiga ciudadana ante la inseguridad, el rechazo al proceso constituyente de 2022 y el segundo intento constitucional de 2023, y un giro electoral hacia la derecha en busca de orden y estabilidad. Boric gobernaba en un Chile post-estallido social (octubre 2019), con enormes expectativas de cambio estructural, un proceso constituyente en marcha y los últimos coletazos de la pandemia de COVID-19. El contexto internacional también difería significativamente: en marzo de 2022, la guerra en Ucrania acababa de estallar (febrero 2022), generando incertidumbre global, alza en commodities y presiones inflacionarias que condicionaron toda la gestión económica de Boric. En marzo de 2026, el escenario geopolítico presentaba otros focos de tensión, con un contexto de mayor incertidumbre comercial global.