El día 13 de gobierno marca el cierre de las dos primeras semanas en La Moneda para cualquier presidente. En ese punto, José Antonio Kast ya había enviado al Congreso dos proyectos de ley en materia de seguridad pública y control migratorio, y su ministro de Hacienda anunciaba un plan de austeridad fiscal. Gabriel Boric, en su día 13 equivalente (23 de marzo de 2022), enfrentaba las consecuencias políticas del fallido intento de diálogo de su ministra del Interior en La Araucanía, mientras avanzaba en articular su amplia coalición de gobierno y ejecutaba un giro en política exterior. Ambos presidentes compartían el desafío de demostrar gobernabilidad ante un Congreso fragmentado y una ciudadanía que había depositado expectativas muy distintas en cada uno. Kast apostó por acción legislativa inmediata en sus áreas prioritarias. Boric priorizó la construcción política interna y el posicionamiento diplomático. Ambos contaban aún con niveles de aprobación relativamente altos, propios del período inicial de cualquier gobierno.
En su día 13, Kast había enviado 2 proyectos de ley al Congreso, priorizando la acción legislativa como señal de cumplimiento de promesas. Boric, en su día 13, aún no había enviado proyectos propios al Congreso, concentrándose en la articulación de su coalición y en la gestión de la crisis política generada por el episodio de La Araucanía. El contraste refleja estilos de gobierno distintos en la etapa inicial: uno orientado a la producción normativa inmediata, el otro a la construcción de acuerdos políticos y al posicionamiento simbólico. Ninguno de los dos enfoques es inherentemente superior: ambos responden a las prioridades y los contextos de cada gobierno.
Kast envía paquete legislativo de seguridad al Congreso y anuncia revisión del presupuesto en sus primeras dos semanas
- Envío al Congreso del proyecto de ley de Fortalecimiento del Orden Público, que incluye aumento de penas por ataques a Carabineros y tipificación agravada de bloqueos en vías principales
- Presentación del proyecto de reforma a la Ley de Migraciones para endurecer requisitos de ingreso y acelerar procesos de expulsión
- Reunión del Comité de Seguridad ampliado en La Moneda con el ministro del Interior, el subsecretario de Prevención del Delito y el general director de Carabineros
- El ministro de Hacienda anuncia revisión del presupuesto 2026 con foco en reducción del gasto corriente y priorización de seguridad y obras públicas
“Prometimos orden y lo vamos a cumplir. Estos proyectos de ley son la primera señal concreta de que este gobierno no va a tolerar la violencia en las calles ni la inmigración ilegal.
“La austeridad fiscal no es un castigo, es una responsabilidad. Chile necesita un Estado eficiente, no un Estado inflado.
El gobierno de Kast formalizó el envío de dos proyectos de ley al Congreso centrados en el endurecimiento de penas y herramientas para las fuerzas de orden. El proyecto de Fortalecimiento del Orden Público busca tipificar como delito grave los ataques con elementos incendiarios contra efectivos policiales y establece penas efectivas de cárcel para quienes bloqueen vías estratégicas. La oposición de centroizquierda e izquierda criticó la iniciativa como 'populismo penal' y advirtió que no aborda las causas estructurales de la delincuencia. El segundo proyecto reforma la Ley de Migraciones vigente, endureciendo los requisitos de visa, creando un registro biométrico obligatorio en fronteras y acelerando los procedimientos de expulsión administrativa. Organizaciones de derechos humanos y el Servicio Jesuita a Migrantes expresaron preocupación por posibles vulneraciones al debido proceso.
El ministro de Hacienda anunció una revisión integral del presupuesto 2026 heredado del gobierno anterior, con el objetivo de reasignar recursos desde programas considerados de baja prioridad hacia seguridad, infraestructura y servicio de la deuda. Se anticipó un recorte de entre 3% y 5% en gastos operacionales de ministerios no prioritarios. Economistas de distintas tendencias debatieron si la medida era adecuada en un contexto de crecimiento moderado proyectado en torno al 2%.
La reunión ampliada de seguridad en La Moneda fue interpretada como una señal política de respaldo institucional a Carabineros, en contraste con las tensiones que caracterizaron la relación entre la policía uniformada y el gobierno de Boric. El general director de Carabineros agradeció públicamente el apoyo del Ejecutivo, lo que generó debate sobre los límites entre el respaldo político a las instituciones y su necesaria autonomía operativa.
Boric ejecuta giro en política exterior y gestiona las secuelas del incidente de su ministra del Interior en La Araucanía
- La canciller Antonia Urrejola sostuvo reuniones con embajadores de países del bloque progresista latinoamericano, marcando un cambio de orientación respecto del gobierno de Piñera
- Boric instruyó a su equipo la preparación de un proyecto de condonación del CAE (Crédito con Aval del Estado, el sistema de financiamiento universitario con garantía estatal), una de sus principales promesas de campaña
- Reunión de coordinación política en La Moneda con dirigentes de Apruebo Dignidad y partidos del Socialismo Democrático para articular la agenda legislativa
- La ministra del Interior, Izkia Siches, continuó enfrentando cuestionamientos por la fallida visita a la comunidad de Temucuicui, en la región de La Araucanía, ocurrida seis días antes (17 de marzo de 2022)
“Chile va a volver a tener una política exterior activa, con principios, que defienda los derechos humanos en todas partes sin dobles estándares.
“Gobernar es más difícil que hacer campaña, lo sabemos, pero no vamos a renunciar a las transformaciones que Chile necesita.
El gobierno de Boric comenzó a ejecutar un cambio en la orientación de la política exterior chilena. La canciller Urrejola señaló la intención de reactivar relaciones con gobiernos progresistas de la región y de poner los derechos humanos como eje central de la diplomacia. Esto incluía una postura más crítica hacia Venezuela, un acercamiento a la agenda multilateral de cambio climático y un distanciamiento del Grupo de Lima (bloque de países latinoamericanos y del Caribe creado en 2017 para presionar al gobierno venezolano), del que Chile había formado parte bajo Piñera. La derecha criticó lo que calificó como una 'politización' de la política exterior. Este movimiento contrastaba con la política exterior del gobierno Piñera, que había privilegiado las relaciones comerciales y una postura más alineada con el bloque regional crítico de Venezuela.
Seis días antes, el 17 de marzo de 2022, la ministra del Interior Izkia Siches había intentado visitar la comunidad mapuche de Temucuicui, en la región de La Araucanía (sur de Chile), como gesto de apertura al diálogo. La comitiva fue recibida con disparos al aire y debió retirarse sin completar la visita. En el día 13 de gobierno, las repercusiones políticas del episodio seguían dominando la agenda: la oposición de derecha exigía la renuncia de Siches y calificaba el episodio como muestra de falta de preparación del nuevo gobierno. Dentro del oficialismo, voces del Socialismo Democrático comenzaban a cuestionar en privado la estrategia de diálogo sin condiciones previas. El incidente marcó un punto de inflexión temprano para el gobierno de Boric, que había prometido un enfoque de diálogo y desmilitarización en La Araucanía, en contraste con el estado de excepción constitucional mantenido por Piñera en la zona.
Boric enfrentaba el desafío de coordinar una coalición heterogénea que iba desde el Partido Comunista y el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana y el PPD (Partido por la Democracia). Las reuniones de coordinación en La Moneda buscaban establecer prioridades legislativas compartidas, pero ya se evidenciaban diferencias sobre el ritmo y la profundidad de las reformas. La promesa de condonación del CAE era uno de los temas con mayor consenso interno, aunque las diferencias sobre su mecanismo de financiamiento eran significativas.
Comparación directa
Ambos presidentes utilizaron sus primeras dos semanas para enviar señales claras sobre sus prioridades: Kast con seguridad pública y disciplina fiscal, Boric con transformaciones sociales y reorientación diplomática. Ambos enfrentaron la necesidad de demostrar capacidad de gestión ante un electorado expectante y un Congreso con mayorías fragmentadas.
La diferencia más marcada está en la relación con las fuerzas de orden: mientras Kast convocó a Carabineros a La Moneda para mostrar respaldo institucional, Boric gestionaba las consecuencias del episodio de Temucuicui, que evidenció la distancia entre la propuesta de diálogo de su gobierno y la complejidad del conflicto en la Macrozona Sur. En lo económico, Kast apostaba por reducción del gasto corriente del Estado, mientras Boric preparaba una expansión del gasto social a través de la condonación del CAE. En política exterior, Kast mantuvo una línea de continuidad con énfasis en relaciones comerciales, mientras Boric ejecutó un cambio programático hacia una diplomacia centrada en derechos humanos.
Kast gobernaba en un Chile que había rechazado dos propuestas de nueva Constitución (plebiscitos de salida de 2022 y 2023), con una ciudadanía que priorizaba demandas de seguridad y estabilidad institucional. Boric gobernaba en un Chile marcado por el estallido social de octubre de 2019, con la Convención Constitucional en pleno funcionamiento y expectativas de cambio estructural en amplios sectores de la población. El contexto internacional también difería: Boric asumió con la guerra de Ucrania recién iniciada (febrero de 2022), mientras Kast enfrentaba un escenario de tensiones comerciales globales y reconfiguración geopolítica.