En el día 67 de sus respectivos mandatos, Kast (2026) y Boric (2022) enfrentaron tensiones entre sus agendas económicas y resistencias institucionales que escapaban a su control directo. Para Kast, la jornada estuvo marcada por un fallo judicial que anuló el permiso ambiental del megaproyecto minero Collahuasi —una inversión de US$3.200 millones—, generando incertidumbre sobre la seguridad jurídica para grandes proyectos privados, pilar declarado de su programa de gobierno. A esto se sumaron fricciones internas en la coalición oficialista y dificultades legislativas para aprobar su principal proyecto de seguridad pública. Para Boric, el día 67 (16 de mayo de 2022) estuvo dominado por el proceso de la Convención Constitucional en plena actividad, mientras su gobierno enfrentaba una inflación elevada, el inicio del diseño de su reforma tributaria y las primeras señales de desgaste en su aprobación ciudadana. Ambos presidentes, en su día 67, experimentaron la realidad de que gobernar Chile implica negociar con instituciones autónomas —tribunales, Contraloría, Congreso— que pueden alterar significativamente los planes del Ejecutivo.
Dos cifras que resumen el día 67 de dos gobiernos con visiones opuestas sobre el rol del Estado en la economía: la anulación de la RCA de Collahuasi afecta US$3.200 millones en inversión privada que el gobierno Kast buscaba proteger; la reforma tributaria que Boric preparaba en su día 67 buscaba recaudar US$3.600 millones adicionales al año para financiar el Estado. Ambos presidentes, en el mismo día de su mandato, enfrentaron obstáculos institucionales a sus respectivas agendas económicas —uno desde la judicatura ambiental, el otro desde el sector privado— lo que ilustra que el poder presidencial en Chile tiene límites reales, independientemente de quién gobierne.
Tribunal Ambiental anula permiso ambiental (RCA) del megaproyecto minero Collahuasi de US$3.200 millones, generando incertidumbre sobre seguridad jurídica para la inversión privada
- El gobierno expresó preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, solidarizando con las autoridades bolivianas ante graves protestas sociales en ese país
- El Ejecutivo intensificó gestiones con la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) para asegurar votos del Plan Quiroz —principal proyecto de seguridad pública del gobierno— antes de su votación en Sala programada para el 20 de mayo
- Se confirmó un recorte histórico al presupuesto del SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), afectando programas de empleabilidad con impacto especial en mujeres
- La Contraloría General de la República aprobó el avance del proyecto de recuperación de litio desde ripios mineros de la empresa Quiborax
“Según reportes de prensa no confirmados oficialmente, Evelyn Matthei habría enviado un mensaje directo al presidente Kast indicando que es momento de 'ajustar cuentas', reflejando tensiones acumuladas dentro de la coalición oficialista entre el Partido Republicano y Chile Vamos
El Segundo Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) —el permiso que autoriza ambientalmente un proyecto— de la expansión de la minera Collahuasi, aprobado hace cinco años. El tribunal ordenó retrotraer la tramitación para revisar impactos sobre comunidades humanas y el entorno marino. La decisión afecta una inversión de US$3.200 millones, parte de la cual ya fue ejecutada, incluyendo una planta desaladora construida. El fallo genera un precedente preocupante para la certeza jurídica del sector minero —principal fuente de divisas de Chile— y representa un golpe a la agenda pro-inversión privada del gobierno Kast. La empresa deberá reiniciar parte del proceso de evaluación ambiental, con costos e incertidumbre temporal significativos.
Evelyn Matthei, figura clave de la UDI y excandidata presidencial de Chile Vamos, habría enviado un mensaje directo al presidente Kast señalando que es momento de 'ajustar cuentas', según reportes de prensa. La tensión refleja agravios acumulados desde la campaña presidencial y disputas por cuotas de poder entre el Partido Republicano —partido de Kast— y los partidos de Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) que integran la coalición de gobierno. Esta fricción es un factor de riesgo para la gobernabilidad legislativa del oficialismo, especialmente en momentos donde se necesitan votos para aprobar el Plan Quiroz.
El Plan Quiroz —el principal proyecto de seguridad pública del gobierno Kast, que busca fortalecer las capacidades de las policías y endurecer penas para delitos violentos— superó la Comisión de Hacienda y quedó agendado para votación en Sala el miércoles 20 de mayo. La oposición reingresó indicaciones previamente rechazadas como táctica para dilatar su aprobación. El gobierno busca cerrar acuerdos con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente antes de la votación, consciente de que necesita votos fuera de su coalición para aprobar la iniciativa.
Se reportó un recorte histórico al presupuesto del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), poniendo en riesgo programas de formación laboral con impacto especial en mujeres. La medida generó críticas desde la oposición y desde sectores que señalan una contradicción con compromisos de campaña sobre empleo y equidad de género. El gobierno no emitió declaración oficial explicando los criterios del recorte.
La Contraloría General de la República dio el visto bueno a Quiborax para avanzar en un proyecto pionero de recuperación de litio desde ripios mineros (material de desecho de la minería). Según la empresa, el proyecto podría generar un nuevo estándar en la industria del litio. Esta aprobación se enmarca en la política del gobierno Kast de facilitar la participación privada en la cadena del litio, diferenciándose del enfoque de empresa nacional estatal impulsado por el gobierno anterior.
El gobierno expresó preocupación por las graves protestas sociales en Bolivia y solidarizó con el gobierno boliviano ante la situación humanitaria. La declaración se inscribe en la política exterior del gobierno Kast, que ha mantenido un tono cauteloso respecto a la crisis boliviana, equilibrando la históricamente compleja relación bilateral con consideraciones humanitarias.
Convención Constitucional avanza en votación de normas sobre derechos sociales y sistema político, mientras el gobierno enfrenta inflación elevada y primeras señales de desgaste en aprobación ciudadana
- La Convención Constitucional continuó durante esta semana la votación de normas en comisiones temáticas, con foco en derechos sociales, sistema de justicia y plurinacionalidad
- El Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel, avanzaba en la elaboración de la reforma tributaria que se presentaría formalmente al Congreso en junio de 2022
- El gobierno mantuvo diálogos con gremios del transporte afectados por el alza en los costos de combustibles, en un contexto de inflación elevada
“No se registran declaraciones textuales verificadas del presidente Boric para el 16 de mayo de 2022 en particular. El gobierno mantenía en esa fecha una postura de respaldo al proceso constituyente y de gradualismo en la implementación de su agenda de reformas
A mediados de mayo de 2022, la Convención Constitucional —el órgano elegido por la ciudadanía para redactar una nueva Constitución— se encontraba en una fase intensiva de votación de normas en comisiones y plenario. Los debates sobre sistema político (presidencialismo vs. semipresidencialismo), derechos sociales garantizados constitucionalmente, plurinacionalidad y sistema de justicia dominaban la agenda política nacional. El gobierno Boric había apostado fuertemente por el proceso, vinculando parte de su legitimidad política al éxito del plebiscito de salida programado para septiembre de 2022. El proceso terminaría con el rechazo ciudadano de la propuesta constitucional en ese plebiscito.
En mayo de 2022, la inflación en Chile se acercaba al 10% anual —la más alta en décadas—, impulsada por el exceso de liquidez generado por los retiros de fondos de pensiones (AFP) y las transferencias fiscales durante la pandemia, más el alza global de precios por la guerra en Ucrania. El Banco Central continuaba su ciclo de alzas de tasas de interés para contener la inflación. El gobierno Boric enfrentaba el desafío de gestionar expectativas económicas mientras preparaba su agenda de reformas estructurales, en un contexto donde el poder adquisitivo de los hogares se veía erosionado.
El equipo económico del gobierno Boric avanzaba en la elaboración de la reforma tributaria que se presentaría formalmente en junio de 2022. Las primeras señales sobre su contenido —incluyendo un impuesto al patrimonio de grandes fortunas y un nuevo royalty minero— generaban resistencia en el sector empresarial y debates sobre el impacto en la inversión y el crecimiento. El ministro Marcel buscaba equilibrar la ambición recaudatoria del programa de gobierno con señales de responsabilidad fiscal hacia los mercados.
Comparación directa
Ambos presidentes enfrentaron en su día 67 tensiones entre su agenda económica y resistencias institucionales que no controlaban directamente: Kast con un fallo judicial que frena una inversión minera privada de US$3.200 millones, y Boric con resistencias del sector empresarial a una mayor carga tributaria. En ambos casos, el sector minero fue protagonista central de la agenda económica del día.
La diferencia fundamental radica en la dirección de las tensiones económicas. Kast enfrenta una institución judicial (Tribunal Ambiental) que frena la inversión privada que su gobierno busca promover, mientras Boric enfrentaba la resistencia del sector privado a contribuir más al financiamiento del Estado. En política interna, Kast lidia con fracturas visibles dentro de su propia coalición (tensión Matthei-Kast entre republicanos y Chile Vamos), mientras Boric en su día 67 aún mantenía relativa cohesión en Apruebo Dignidad —la alianza de partidos de izquierda y centroizquierda que lo llevó al poder—. En cuanto a aprobación ciudadana, Boric ya mostraba desgaste temprano con 36% de aprobación en su día 67; no hay datos equivalentes disponibles para Kast en esta fecha.
El contexto de Kast está marcado por la necesidad de demostrar resultados económicos concretos —especialmente en seguridad e inversión— y mantener unida una coalición heterogénea entre el Partido Republicano y los partidos de Chile Vamos. El contexto de Boric en mayo de 2022 estaba dominado por el proceso constituyente, que absorbía gran parte de la energía política del país y condicionaba la agenda legislativa del gobierno. Ambos enfrentaron en su día 67 la misma realidad estructural: gobernar Chile implica negociar con instituciones autónomas —tribunales, Contraloría, Banco Central, Congreso— que pueden alterar significativamente los planes del Ejecutivo, independientemente del signo político del gobierno.