El día 23 del gobierno de José Antonio Kast estuvo marcado por tres ejes: el caso Galvarino Apablaza —prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991—, cuya defensa denunció un intento ilegal de detención en Argentina; la violencia en liceos emblemáticos de Santiago, con una investigación fiscal en reserva que apunta a una red de al menos 40 personas; y la primera protesta estudiantil organizada contra el nuevo gobierno, liderada por ACES y Confech. En política exterior, Chile calificó de 'inaceptable' el bloqueo iraní al Estrecho de Ormuz —vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo— y designó a Gonzalo Uriarte como embajador en Argentina, en un momento en que las relaciones bilaterales están directamente vinculadas al caso Apablaza. En el día espejo: el 2 de abril de 2022, día 23 del gobierno de Gabriel Boric, la administración estaba en plena fase de instalación. La Convención Constitucional —el órgano elegido para redactar una nueva Constitución— deliberaba activamente, mientras el gobierno heredaba el estado de excepción en La Araucanía y enfrentaba los primeros desafíos de coordinación interna. Las encuestas de ese período mostraban a Boric con cerca de 50% de aprobación, en la llamada 'luna de miel' presidencial. Ambos presidentes, en su día 23, debieron gestionar tensiones entre seguridad pública y derechos civiles, aunque desde posiciones ideológicas opuestas: Kast con firmeza en la persecución de casos judiciales pendientes y Boric buscando soluciones de diálogo en La Araucanía. En política exterior, Kast adoptó una postura de alineamiento con Occidente, mientras Boric privilegió un perfil multilateral y latinoamericanista.
En el día 23 de su gobierno, Boric registraba aproximadamente 50% de aprobación según CADEM (encuesta publicada el 4 de abril de 2022), cifra típica de la 'luna de miel' presidencial. Para Kast no hay datos de encuesta disponibles para este día exacto. En otro plano: a 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, solo uno de los condenados cumple condena en Chile, mientras los demás responsables permanecen en el extranjero, un dato que el gobierno de Kast utiliza como argumento central de su agenda de justicia histórica.
Caso Apablaza escala: defensa denuncia intento ilegal de detención en Argentina mientras gobierno enfrenta primera protesta estudiantil
- Designación de Gonzalo Uriarte como nuevo embajador de Chile en Argentina
- Chile califica como 'inaceptable' el bloqueo iraní al Estrecho de Ormuz en reunión convocada por Reino Unido
- Diputadas del Partido Republicano respaldan a la ministra Sedini en el caso Apablaza, calificando la controversia como 'polémica artificial'
- El gobierno enfrenta la primera protesta estudiantil de su mandato, liderada por ACES y Confech
“Diputadas republicanas sobre el caso Apablaza: 'La controversia es una polémica artificial'
“Cancillería chilena sobre el bloqueo al Estrecho de Ormuz: la acción de Irán es 'inaceptable'
Galvarino Apablaza es uno de los acusados del asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991. Tras el rechazo de su último recurso legal, su defensa acusó una maniobra política y denunció un intento ilegal de detención en Argentina, donde reside con asilo político. La existencia de una resolución argentina que detalla una orden de captura sugiere avances en la cooperación judicial bilateral. El caso tiene alta carga simbólica para el gobierno de Kast: ocurre en la semana del 35° aniversario del crimen y se conecta directamente con la designación del nuevo embajador en Argentina. Las diputadas republicanas cerraron filas en torno a la ministra Sedini, buscando desactivar las críticas de la oposición.
El fiscal Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, mantiene desde 2025 una investigación en estricta reserva sobre delitos cometidos en establecimientos de educación secundaria de la Región Metropolitana. Se estima que existe una red de al menos 40 personas involucradas en actos de violencia. Armendáriz se retira del cargo la próxima semana, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de la investigación. El hallazgo se enmarca en una creciente preocupación por la violencia escolar. Un estudio de la Universidad Católica confirma un aumento significativo de la violencia y el acoso escolar (bullying) en establecimientos educacionales. El tema representa un desafío directo para un gobierno que hizo de la seguridad su principal bandera electoral.
ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, liderada por Darlyn Marchant, de Lo Hermida) y Confech (Confederación de Estudiantes de Chile, presidida por Andrea Abarca de Feusach, militante del Frente Amplio) protagonizaron la primera movilización estudiantil del gobierno de Kast. La protesta marca un hito simbólico como primera expresión de oposición callejera organizada al nuevo gobierno. La movilización ocurre en un contexto donde la violencia escolar es tema de agenda pública, lo que complejiza la narrativa de los movimientos estudiantiles al momento de diferenciarse de los episodios de violencia en liceos.
A 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán (1 de abril de 1991), se constata que solo Mauricio Hernández Norambuena cumple condena en una cárcel chilena, tras haber sido detenido en Brasil por un secuestro posterior. Quienes dieron las órdenes y quienes dispararon permanecen en el extranjero, y esta semana se suma un fugado adicional. Este tema se entrelaza con el caso Apablaza, configurando una narrativa de impunidad pendiente que el gobierno de Kast busca revertir como parte de su agenda de justicia y seguridad.
El senador Manuel José Ossandón (Chile Vamos, no del Partido Republicano) solicitó formalmente a la fiscalía que investigue la relación entre el exfiscal Guerra y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter. La solicitud incluye antecedentes específicos que fundamentan la petición. Este movimiento muestra dinámicas internas de la derecha, donde distintos actores buscan posicionarse en la agenda anticorrupción más allá del oficialismo republicano. La petición se suma a un clima de escrutinio sobre el sistema de justicia y las relaciones entre actores políticos y fiscales.
En una reunión convocada por Reino Unido, Chile calificó como 'inaceptable' el bloqueo al Estrecho de Ormuz realizado por Irán. El Estrecho de Ormuz es una vía marítima crítica por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial; su bloqueo tiene implicancias directas en los precios de la energía, afectando a Chile como importador neto de hidrocarburos. La posición refleja el alineamiento del gobierno de Kast con las potencias occidentales en materia de política exterior y seguridad energética global.
Gonzalo Uriarte fue designado como nuevo embajador de Chile en Argentina. La designación cobra especial relevancia en el contexto del caso Apablaza y la necesidad de gestionar la cooperación judicial bilateral. La relación Chile-Argentina bajo los gobiernos de Kast y Milei ha mostrado afinidad ideológica, lo que podría facilitar la coordinación en casos de extradición y cooperación judicial.
CIPER Chile reportó el caso de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) —condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación y el comportamiento— que fue empujado a repitencia en un colegio salesiano, evidenciando falencias en la inclusión educativa. El caso pone en el debate público las obligaciones de los establecimientos educacionales respecto a estudiantes con necesidades educativas especiales y el cumplimiento de la normativa de inclusión vigente.
Día 23 de Boric (2 de abril de 2022): gobierno en instalación con Convención Constitucional activa, estado de excepción en La Araucanía y primeras tensiones de coalición
- Continuidad de la fase de instalación del gabinete y definición de prioridades legislativas
- Gestión del estado de excepción en la Macrozona Sur (La Araucanía y zonas adyacentes), heredado del gobierno de Piñera
- Convención Constitucional en pleno funcionamiento, deliberando sobre normas constitucionales en sus comisiones temáticas
- Primeras señales de política exterior con enfoque multilateral y latinoamericanista
“El gobierno de Boric mantenía en sus primeras semanas un discurso centrado en la transformación social y el diálogo, buscando diferenciarse del gobierno anterior en materia de derechos humanos y política social. No se registran declaraciones puntuales verificadas para el día exacto del 2 de abril de 2022.
En su día 23, el gobierno de Boric se encontraba en plena fase de instalación institucional. Los ministerios estaban definiendo sus equipos y prioridades, con especial énfasis en la reforma tributaria, la reforma de pensiones y la agenda de derechos sociales que habían sido promesas centrales de campaña. El gabinete enfrentaba las primeras pruebas de coordinación interna, con la ministra del Interior Izkia Siches como figura central en la gestión de seguridad y el manejo de la crisis en La Araucanía.
La Convención Constitucional —el órgano de 155 ciudadanos elegidos para redactar una nueva Constitución— se encontraba en abril de 2022 en plena fase de deliberación y votación de normas en sus comisiones temáticas. El proceso constituyente era el telón de fondo político dominante del inicio del gobierno de Boric, generando tanto expectativas como polarización social. Las comisiones producían propuestas que generaban debate público intenso, particularmente en temas como plurinacionalidad (reconocimiento de múltiples naciones dentro del Estado), derechos sociales garantizados constitucionalmente y el diseño del sistema político.
El estado de excepción en la Macrozona Sur —medida que permite el despliegue de fuerzas militares en zonas de conflicto, heredada del gobierno de Piñera— representaba uno de los primeros dilemas del gobierno de Boric. La presión por mantener el orden público chocaba con las promesas de campaña de buscar soluciones de diálogo con los pueblos originarios. Este período incluyó el fallido intento de la ministra Siches de acercarse a comunidades mapuche en Temucuicui, episodio que marcó las primeras semanas de la administración y generó críticas desde distintos sectores.
Chile enfrentaba en abril de 2022 los efectos de una inflación creciente, impulsada en parte por los retiros de fondos de pensiones y las transferencias fiscales realizadas durante la pandemia. El Banco Central estaba en un ciclo de alzas de tasas de interés y la economía mostraba señales de desaceleración tras el fuerte rebote de 2021. El gobierno de Boric heredaba una situación fiscal compleja y debía equilibrar sus promesas de mayor gasto social con la necesidad de responsabilidad fiscal, tensión que se mantendría durante toda su administración.
Comparación directa
Seguridad pública como desafío temprano de gobierno. Ambos presidentes enfrentaron en su día 23 la tensión entre orden público y derechos civiles: Kast con la violencia escolar y el caso Apablaza; Boric con la violencia en La Araucanía y la decisión sobre el estado de excepción. Ambos también debieron posicionarse en política exterior durante sus primeras semanas de mandato.
Las diferencias reflejan orientaciones ideológicas opuestas. Kast enfrenta su primera protesta estudiantil desde una posición de firmeza en seguridad, mientras gestiona activamente la persecución judicial de Apablaza como señal de justicia histórica para su sector. Boric, en cambio, enfrentaba presiones para reducir la presencia militar en La Araucanía y priorizar el diálogo con comunidades mapuche. En política exterior, Kast se alinea con Occidente condenando a Irán; Boric buscaba un perfil multilateral y latinoamericanista. En materia de oposición, Kast enfrenta movilizaciones estudiantiles en la calle; Boric recibía en ese período presiones principalmente desde sectores de orden y seguridad.
Kast gobierna en un Chile post-proceso constituyente fallido (el texto propuesto por la Convención fue rechazado en el plebiscito de septiembre de 2022), con una derecha fortalecida electoralmente y una oposición fragmentada. El contexto internacional incluye tensiones en Medio Oriente y una relación de afinidad ideológica con la Argentina de Milei. Boric gobernaba en un Chile en pleno proceso constituyente, con alta polarización social, inflación creciente y una coalición de gobierno que incluía al Partido Comunista, lo que generaba tensiones internas permanentes. Ambos presidentes heredaron, desde distintos ángulos, las consecuencias del estallido social de octubre de 2019.