El día 22 del gobierno de José Antonio Kast estuvo dominado por la fuga de Galvarino Apablaza en Argentina —acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991— justo cuando debía ser detenido para su extradición a Chile. El hecho generó reacciones transversales y tensionó la relación bilateral con Argentina. En paralelo, el gobierno revocó la norma que prohibía detectores de metales en colegios, designó un ex mando policial para liderar las expulsiones de migrantes irregulares y reaccionó ante un ataque incendiario en el Liceo Lastarria atribuido a grupos anarquistas. También anunció un subsidio al gas licuado para el 80% más vulnerable. En el día espejo del gobierno de Gabriel Boric —1 de abril de 2022, también día 22 de su mandato— el escenario era radicalmente distinto. El gobierno recién instalado gestionaba las primeras tensiones internas de su coalición, mientras la Convención Constitucional avanzaba en la redacción de normas para una nueva Constitución. La presión por un quinto retiro de fondos de AFP y una inflación en ascenso marcaban el contexto económico. La comparación entre ambos días 22 revela agendas opuestas: Kast concentrado en seguridad, orden público y política migratoria restrictiva; Boric enfocado en reformas estructurales y el proceso constituyente. Ambos presidentes enfrentaron, en su tercer semana de gobierno, situaciones que anticiparon las tensiones centrales de sus respectivos mandatos.
El dictamen 65 de la Superintendencia de Educación que prohibía detectores de metales en colegios fue emitido en 2022 durante el gobierno de Boric y revocado exactamente en el día 22 del gobierno de Kast. El giro simboliza la diferencia de enfoque entre ambas administraciones en materia de seguridad escolar: mientras Boric priorizó los derechos y la convivencia de los estudiantes por sobre las medidas de control, Kast prioriza la seguridad física ante la violencia en los establecimientos.
Galvarino Apablaza se fuga en Argentina antes de ser extraditado a Chile por el crimen de Jaime Guzmán
- Coordinación con el gobierno argentino tras la fuga de Galvarino Apablaza, quien no fue encontrado en su domicilio al momento de la detención para extradición; Argentina emitió orden de captura internacional
- Revocación del dictamen 65 de la Superintendencia de Educación (emitido en 2022) que prohibía pórticos detectores de metales en colegios, con anuncio de proyecto de ley para permitir revisión de mochilas escolares
- Designación de Richard Bórquez —ex prefecto inspector de la PDI— como encargado del Departamento de Fiscalización y Expulsiones del Servicio Nacional de Migraciones
- Pausa en la remoción de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, tras la presentación de una licencia médica; el gobierno optó por 'prudencia política'
- Anuncio de subsidio al gas licuado para el 80% más vulnerable de la población
- Firma de memorándum con Bolivia para ampliar rutas y frecuencias aéreas
- Ajuste del decreto arqueológico heredado del gobierno anterior para facilitar compatibilidad entre desarrollo y protección patrimonial
“Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural: 'El patrimonio no es un obstáculo, sino una parte constitutiva del desarrollo'
“Fuentes de gobierno señalaron que la pausa en la salida de Carrasco del SernamEG responde a una decisión de 'prudencia política'
Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, no fue encontrado en su domicilio en Argentina cuando la policía acudió a detenerlo para ejecutar la extradición a Chile. El gobierno argentino emitió una orden de captura internacional. El caso tiene alta carga simbólica para la derecha chilena: Guzmán fue fundador de la UDI y figura central del gremialismo, partido al que pertenece el entorno político más cercano a Kast. La fuga representa un golpe a las expectativas de justicia que el gobierno había contribuido a generar al lograr avances en el proceso de extradición. Según reportó CIPER Chile, la ministra Sedini cometió un error al informar sobre el estado procesal de Apablaza, añadiendo una nota de desprolijidad a un momento de alta tensión política.
La Superintendencia de Educación revocó el dictamen 65, emitido en 2022 durante el gobierno de Boric, que prohibía la instalación de pórticos de detección de metales en establecimientos educacionales. La ministra de Seguridad anunció además el envío de un proyecto de ley para permitir la revisión de mochilas escolares como medida contra la violencia. La decisión se produce en el contexto de un ataque incendiario en el Liceo Lastarria de Providencia, donde encapuchados quemaron un basurero y desplegaron un cartel anarquista por el Día del Joven Combatiente. El modus operandi es similar al registrado previamente en el INBA. La revocación del dictamen es una señal política explícita: el gobierno desmonta activamente regulaciones del período anterior que considera permisivas frente a la violencia escolar.
Richard Bórquez, ex prefecto inspector de la PDI, asumió como encargado del Departamento de Fiscalización y Expulsiones del Servicio Nacional de Migraciones. La unidad coordinará el proceso de expulsión de migrantes irregulares que el gobierno pretende ejecutar a partir de abril de 2026. La designación de un ex alto mando policial en este cargo refleja el énfasis operativo y de fiscalización que el gobierno quiere imprimir a la política migratoria, en línea con una de las promesas centrales de la campaña de Kast.
Encapuchados ingresaron al Liceo Lastarria de Providencia, quemaron un basurero del patio y desplegaron un cartel conmemorando el Día del Joven Combatiente con símbolos anarquistas. El incidente es consistente con el ataque previo registrado en el INBA, lo que sugiere coordinación o imitación entre grupos radicales que operan en liceos emblemáticos de Santiago. El hecho refuerza la agenda de seguridad escolar del gobierno y proporciona contexto político inmediato para la revocación del dictamen sobre detectores de metales.
Se intensificó el debate sobre la caja fiscal recibida del gobierno anterior. Según el consolidado del Tesoro a febrero de 2026, la cifra alcanzó los US$3.600 millones. Existen dos lecturas en pugna: una que enfatiza la escasa liquidez con que terminó el gobierno de Boric, y otra que destaca la rápida recomposición de las cuentas. Análisis especializados señalan que la mejora en la caja se debe principalmente a financiamiento nuevo (deuda) y no a un mejor balance entre ingresos y gastos. El gobierno de Kast busca establecer una narrativa de herencia fiscal deteriorada para justificar ajustes, mientras defensores del gobierno anterior argumentan que la situación era manejable.
El ministro del Interior Claudio Alvarado anunció que se deja en pausa el proceso de salida de Priscilla Carrasco como directora del SernamEG, luego de que ella presentara una licencia médica. El gobierno optó por 'prudencia política' a pesar de contar con atribuciones legales para forzar su dimisión. El episodio revela las complejidades de la transición en servicios públicos sensibles y la cautela ante posibles costos mediáticos de una remoción forzada durante una licencia.
El Presidente Kast anunció un subsidio al gas licuado dirigido al 80% más vulnerable de la población. Es una de las primeras medidas sociales concretas del gobierno, que hasta ahora había concentrado su comunicación en temas de seguridad y orden público. La medida busca aliviar el costo de vida de los hogares más afectados por los precios de la energía.
Chile y Bolivia firmaron un memorándum para ampliar rutas y frecuencias aéreas, avanzando hacia una política de cielos abiertos. Dado el históricamente complejo vínculo bilateral —marcado por la demanda marítima boliviana ante la CIJ, resuelta en 2018—, cualquier avance en cooperación práctica es significativo. La medida sugiere un pragmatismo en la política exterior de Kast hacia Bolivia, priorizando la conectividad económica.
La Subsecretaría del Patrimonio Cultural, encabezada por Emilio de la Cerda, busca ajustar un decreto heredado del gobierno anterior para mejorar la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales. El subsecretario enfatizó que el patrimonio debe ser compatible con el desarrollo, señalando un cambio de enfoque respecto a la administración anterior.
Día 22 de Boric: instalación del gobierno, proceso constituyente en marcha y primeras tensiones de coalición
- Continuación del proceso de instalación del gabinete y definición de prioridades legislativas en las primeras semanas de gobierno
- Seguimiento del trabajo de la Convención Constitucional, en pleno funcionamiento en sus comisiones temáticas
- Gestión de la presión interna en la coalición Apruebo Dignidad por un posible quinto retiro de fondos de AFP
- Primeras señales de tensión entre el Frente Amplio y el Partido Comunista sobre el ritmo y profundidad de las reformas
“Sin declaraciones textuales verificables atribuidas específicamente al 1 de abril de 2022. Los registros disponibles corresponden al período general de instalación del gobierno.
A tres semanas de asumir, el gobierno de Boric tenía como telón de fondo el trabajo de la Convención Constitucional, que avanzaba en la redacción de normas en sus distintas comisiones temáticas. El proceso constituyente era el eje articulador de la política chilena en ese momento, generando tanto expectativas como incertidumbre en los mercados y la ciudadanía. El gobierno mantenía una posición de apoyo al proceso, pero buscaba diferenciarse de los sectores más radicales de la Convención, en un equilibrio delicado entre su base política y la necesidad de generar confianza institucional.
El gobierno de Boric se encontraba en plena fase de instalación, con un gabinete joven que enfrentaba la curva de aprendizaje propia de las primeras semanas. Las tensiones entre el Frente Amplio y el Partido Comunista comenzaban a manifestarse en diferencias sobre el ritmo de las reformas. La discusión sobre un posible quinto retiro de fondos de AFP generaba presión desde sectores de la propia coalición oficialista, mientras el gobierno intentaba mantener una línea de responsabilidad fiscal no siempre compartida por todos sus aliados.
Chile enfrentaba en abril de 2022 los efectos rezagados de la pandemia y de los sucesivos retiros de fondos de pensiones, con una inflación en ascenso que comenzaba a erosionar el poder adquisitivo. El Banco Central había iniciado un ciclo de alzas de tasas de interés que marcaría el tono económico del primer año del gobierno de Boric, condicionando el espacio fiscal disponible para las reformas prometidas en campaña.
Comparación directa
Ambos presidentes enfrentaron en su día 22 desafíos que definieron el carácter de sus gobiernos: Kast con la fuga de Apablaza y la agenda de seguridad; Boric con el proceso constituyente y la gestión de su coalición. En ambos casos, los eventos de la tercera semana de mandato prefiguraban las tensiones que dominarían sus respectivos gobiernos.
Las prioridades son diametralmente opuestas. Kast concentra su día 22 en seguridad pública (detectores de metales en colegios, expulsiones migratorias, reacción ante ataque anarquista) y en un caso emblemático de justicia (Apablaza). Boric, en cambio, estaba inmerso en un proyecto de transformación institucional a través de la Convención Constitucional y en la gestión de expectativas sociales como los retiros de AFP. Kast desmonta activamente políticas del gobierno anterior (dictamen de detectores de metales, decreto arqueológico), mientras Boric en su momento buscaba construir un nuevo marco institucional. En política exterior, también contrastan: Kast enfrenta una crisis bilateral con Argentina por la fuga de Apablaza, mientras Boric mantenía una relación cordial con el gobierno de Alberto Fernández.
El gobierno de Kast opera en un contexto de alta demanda ciudadana por seguridad y orden, tras el estallido social de 2019 y el rechazo al proceso constituyente en el plebiscito de 2022, con una sociedad que giró hacia la derecha en las urnas. El gobierno de Boric operaba en un contexto de esperanza transformadora post-estallido, con una Convención Constitucional en funcionamiento y una ciudadanía que aún mantenía expectativas de cambio estructural. Económicamente, Kast hereda una economía de bajo crecimiento pero con inflación controlada, mientras Boric enfrentaba inflación creciente y los efectos distorsionadores de los retiros de AFP.