El día 73 del gobierno de José Antonio Kast estuvo dominado por la crisis en Codelco: una auditoría interna reveló que la empresa estatal sobreestimó su producción en 27 mil toneladas durante 2025, lo que derivó en pagos irregulares de bonos por US$14,3 millones. El gobierno respondió con dureza, anunciando denuncias penales y desvinculaciones. En paralelo, el conflicto en La Araucanía se intensificó tras la detención del vocero de la comunidad Temucuicui, Jorge Huenchullan, con nuevos atentados reivindicados por grupos radicales. En el plano interno, Máximo Pavez asumió como nuevo vocero de gobierno, reemplazando a Mara Sedini. En el día espejo —el 22 de mayo de 2022, día 73 del gobierno de Gabriel Boric— el escenario era distinto. El gobierno procesaba las reacciones a su primera Cuenta Pública del 21 de Mayo, donde Boric había presentado su agenda de reformas estructurales (tributaria, pensiones, salud). La Convención Constitucional avanzaba en la redacción del borrador de nueva Constitución en medio de creciente polarización, y las encuestas ya mostraban una caída sostenida en la aprobación presidencial, que se situaba en torno al 33-35%. El punto de contacto entre ambos días 73 es claro: los dos presidentes enfrentaban, en ese momento de sus respectivos gobiernos, el período inmediatamente posterior al 21 de Mayo y el desafío del conflicto mapuche como tema transversal. La diferencia principal está en el tipo de crisis: Kast gestiona un escándalo de gestión en la principal empresa del Estado, mientras Boric en su momento navegaba las tensiones de un proceso constituyente que dividía al país.
En el día 73 de ambos gobiernos, Codelco fue protagonista de formas distintas: bajo Kast, la empresa enfrenta un escándalo por US$14,3 millones en bonos pagados sobre producción sobreestimada, con ejecutivos desvinculados y denuncia penal en curso. En el día 73 de Boric, Codelco operaba en un contexto de precios del cobre en torno a US$4,20 por libra —niveles históricamente altos—, lo que generaba alta recaudación fiscal, aunque el gobierno enfrentaba presiones inflacionarias que limitaban el margen para sus reformas sociales. En ambos casos, la principal empresa del Estado chileno ocupó un lugar relevante en el debate público de ese período.
Crisis en Codelco por producción inflada y bonos irregulares sacude al gobierno; Congreso pide comisión investigadora
- Gobierno emitió minuta interna con postura 'caiga quien caiga' respecto a irregularidades en Codelco
- Ministro de Economía y Minería Daniel Mas endureció críticas sobre los mecanismos de control de Codelco tras conocerse la auditoría
- Codelco desvinculó al ejecutivo César Márquez Márquez y sancionó a otros siete ejecutivos
- Codelco anunció que el caso será denunciado ante el Ministerio Público
- Máximo Pavez asumió como vocero de gobierno reemplazando a Mara Sedini; realizó su primera vocería tras el consejo de gabinete en Cerro Castillo
- Ministro de Seguridad Martín Arrau contactó personalmente al expresidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica tras el asalto a su residencia
- Gobierno envió ayuda humanitaria a Bolivia en medio de la crisis política que atraviesa el país vecino
- Kast llamó a la clase política a 'recuperar el amor por Chile' en el contexto de las celebraciones del 21 de Mayo
“Kast convocó a la clase política a 'recuperar el amor por Chile' durante la ceremonia del 21 de Mayo
“Gobierno adoptó postura de 'caiga quien caiga' respecto a las irregularidades detectadas en Codelco, señalando que no habrá protección para ningún involucrado
Una auditoría interna de Codelco —la empresa estatal de cobre más grande del mundo y principal fuente de ingresos fiscales de Chile— detectó una sobreestimación de producción de 27 mil toneladas correspondiente al año 2025. Esto derivó en pagos irregulares de bonos por US$14,3 millones a ejecutivos y trabajadores que no correspondían a la producción real. Como consecuencia, fue desvinculado el alto ejecutivo César Márquez Márquez y se sancionó a otros siete ejecutivos. La empresa anunció que el caso será denunciado ante el Ministerio Público. Esta revelación constituye uno de los escándalos corporativos más significativos de los primeros meses del gobierno de Kast, poniendo en cuestión los mecanismos de control interno de la principal empresa estatal chilena y abriendo un debate sobre la gobernanza de las empresas públicas.
El ministro de Economía y Minería Daniel Mas endureció las críticas sobre los mecanismos de control de Codelco tras conocerse los resultados de la auditoría. Desde el Congreso, el diputado Cristián Tapia, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, anunció que solicitará la creación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos. El gobierno emitió una minuta interna estableciendo una postura de 'caiga quien caiga', señalando que no habrá protección para ningún involucrado. Esta reacción busca proyectar firmeza en el manejo de escándalos en empresas del Estado, un tema sensible en la agenda pública.
Tras la detención del vocero de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan, su familia publicó una declaración pública validando el control territorial mediante ocupaciones ilegales de predios privados. Se registraron atentados posteriores a la detención, incluyendo uno reivindicado por el grupo radical Resistencia Mapuche Malleco (RMM), una organización que reivindica acciones de sabotaje en la zona sur del país. Paralelamente, se reveló que Álvaro Quinchanao, psicólogo jefe del programa de salud mental de un hospital intercultural en Temuco, fue reivindicado como 'weichafe' (término mapuche para combatiente o guerrero) por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización radical que reivindica la lucha armada por la recuperación de tierras, tras un fallido atentado. El profesional tenía publicaciones académicas sobre síndrome de burnout en bomberos y antecedentes de detenciones previas, evidenciando la complejidad de las redes de apoyo a grupos radicales.
Máximo Pavez, subsecretario del Interior, asumió como encargado de vocerías de contingencia y crisis de La Moneda, reemplazando a Mara Sedini. Pavez realizó su primera vocería tras el consejo de gabinete en Cerro Castillo. Con una carrera política iniciada como concejal en Conchalí, Pavez asume un rol clave en la comunicación gubernamental. El cambio en la vocería a poco más de dos meses de iniciado el mandato sugiere un ajuste en la estrategia comunicacional del gobierno, buscando posiblemente una voz con mayor peso político para enfrentar una agenda creciente de crisis.
Iván Aróstica, expresidente del Tribunal Constitucional —el órgano que resuelve conflictos de constitucionalidad de las leyes en Chile—, fue víctima de un asalto en su residencia. El ministro de Seguridad Martín Arrau contactó personalmente a Aróstica para ofrecerle apoyo. La Fiscalía Sur investiga el caso. El hecho pone de relieve la persistencia de los problemas de seguridad ciudadana que afectan incluso a figuras de alto perfil institucional, un tema central en la agenda del gobierno de Kast, que llegó al poder con promesas de mano dura contra la delincuencia.
El gobierno de Chile envió ayuda humanitaria a Bolivia durante la crisis política que atraviesa el país vecino, en una acción de cooperación internacional. En paralelo, en el contexto de las celebraciones del 21 de Mayo —fecha en que el presidente rinde cuentas ante el Congreso—, Kast realizó un llamado a la clase política a 'recuperar el amor por Chile'. Ambas acciones reflejan la dimensión simbólica y diplomática del gobierno en un momento donde la agenda interna está dominada por crisis sectoriales y de seguridad.
Gobierno Boric procesaba las repercusiones de su primera Cuenta Pública mientras el proceso constituyente generaba creciente polarización
- El gobierno gestionaba durante esta semana las reacciones políticas a la primera Cuenta Pública presidencial del 21 de Mayo de 2022, donde Boric delineó su agenda de reformas estructurales
- La Convención Constitucional continuaba los debates sobre el borrador de nueva Constitución, con sesiones de alta tensión política
- La agenda legislativa del gobierno estaba enfocada en avanzar en la reforma tributaria y la reforma de pensiones
- El gobierno mantenía vigente el estado de excepción en la Macrozona Sur (La Araucanía y Biobío) para enfrentar el conflicto mapuche, medida que generaba tensiones al interior de la coalición gobernante
- Nota editorial: no se registran eventos puntuales de alto impacto específicamente para el 22 de mayo de 2022; las acciones descritas corresponden al contexto político de esa semana
“En su Cuenta Pública del 21 de mayo de 2022, Boric señaló que su gobierno avanzaría en reformas estructurales 'con responsabilidad fiscal y justicia social', buscando equilibrar la ambición transformadora con la estabilidad económica
El 22 de mayo de 2022, el gobierno de Boric procesaba las reacciones a su primera Cuenta Pública realizada el día anterior. En ella, el presidente había delineado su agenda de reformas: una reforma tributaria para financiar derechos sociales, una reforma de pensiones y cambios al sistema de salud. La oposición cuestionaba la viabilidad financiera de las propuestas en un contexto de inflación creciente —que en mayo de 2022 alcanzaba cerca del 11% anual, la más alta en décadas. Fue el primer gran ejercicio de rendición de cuentas del gobierno más joven de la historia de Chile, en un contexto de alta expectativa ciudadana pero creciente escepticismo sobre la capacidad de implementar las reformas prometidas.
La Convención Constitucional —el órgano elegido por la ciudadanía en 2021 para redactar una nueva Constitución— se encontraba en pleno proceso de redacción del borrador, con debates intensos sobre derechos sociales, plurinacionalidad y el sistema político. Las encuestas ya mostraban una tendencia creciente hacia el rechazo del texto en elaboración. El proceso constituyente, que había sido la gran apuesta institucional surgida del estallido social de octubre de 2019, comenzaba a generar divisiones profundas en la sociedad chilena, con sectores que consideraban que la Convención se había alejado de las expectativas ciudadanas originales. El plebiscito de salida se realizaría en septiembre de 2022, con resultado de rechazo.
El gobierno de Boric mantenía vigente el estado de excepción en la Macrozona Sur —denominación que agrupa las provincias de La Araucanía y el sur del Biobío—, una medida que había generado tensiones internas en la coalición gobernante, dado que sectores de la izquierda se oponían a la presencia militar en la zona. El conflicto mapuche seguía siendo un desafío central para la administración. La situación de seguridad en la zona continuaba siendo compleja, con atentados incendiarios y enfrentamientos, en un contexto donde el gobierno intentaba combinar diálogo político con presencia de fuerzas de seguridad, sin lograr aún resultados concretos en ninguno de los dos frentes.
Comparación directa
Ambos presidentes enfrentaban en su día 73 el período inmediatamente posterior a la Cuenta Pública del 21 de Mayo, procesando las repercusiones políticas de sus respectivos discursos ante el Congreso. Además, el conflicto mapuche en el sur del país era un desafío transversal presente en ambas administraciones, aunque con enfoques distintos.
Kast enfrenta en su día 73 una crisis de gestión corporativa en Codelco, respondiendo con desvinculaciones, sanciones y denuncia penal. Boric en su día 73 lidiaba principalmente con la viabilidad política de su agenda reformista y las tensiones del proceso constituyente. En materia mapuche, el gobierno de Kast apostó por la persecución penal y detenciones (caso Huenchullan), mientras el gobierno de Boric intentaba un enfoque que combinaba estado de excepción con apertura al diálogo, generando tensiones internas en su propia coalición. En el plano comunicacional, Kast realizó un cambio de vocero en este período, mientras el gabinete de Boric mostraba mayor estabilidad en esa misma etapa temprana.
Kast gobierna en un contexto de demanda ciudadana por orden y seguridad, con una derecha fortalecida electoralmente y una oposición fragmentada. Boric en mayo de 2022 gobernaba con una coalición amplia pero internamente heterogénea, en medio del proceso constituyente que polarizaba al país, y con una economía que enfrentaba una inflación cercana al 11% anual —la más alta en décadas— que presionaba el poder adquisitivo de los hogares. Ambos enfrentaban en su día 73 el desafío de consolidar su autoridad tras los primeros meses de gestión, con señales de desgaste respecto a sus primeras semanas en el poder. Nota editorial: la mayor densidad de eventos documentados en el lado Kast respecto al lado Boric refleja la diferencia entre cobertura en tiempo real (gobierno actual) versus registro histórico disponible para el día exacto.