En el día 35 del gobierno de José Antonio Kast, la agenda estuvo marcada por tres frentes simultáneos: el primer reporte semanal de homicidios registró 21 casos en siete días, instalando la discusión sobre la efectividad de la política de seguridad que fue eje central de su campaña; la ministra de Ciencia Ximena Lincolao fue agredida en la Universidad Austral, generando condena transversal en la clase política; y el gobierno comenzó a diseñar su estrategia comunicacional para la reforma tributaria, buscando enmarcar el debate en beneficios sociales concretos más que en cifras técnicas. Además, se aprobó el megaproyecto inmobiliario Maratué por US$2.000 millones como señal de reactivación económica. En el día 35 equivalente del gobierno de Gabriel Boric —el 14 de abril de 2022— el presidente enfrentaba las primeras semanas de instalación de su administración en un contexto de alta expectativa social post-estallido, con la Convención Constitucional en pleno funcionamiento. Boric articulaba su agenda de reformas sociales —pensiones, salud, tributaria— mientras gestionaba las tensiones en La Araucanía, donde mantenía vigente el estado de excepción heredado del gobierno anterior pese a sus promesas de campaña de retirarlo. La comparación entre ambos días 35 revela prioridades contrastantes: Kast pone el foco en seguridad pública con reportes periódicos de homicidios y en destrabar inversión privada, mientras Boric en su momento equivalente priorizaba la agenda social y el proceso constituyente. Ambos, sin embargo, compartían el desafío de traducir promesas de campaña en resultados concretos ante una ciudadanía impaciente, y ambos debían impulsar reformas tributarias complejas en un Congreso sin mayorías propias.
El primer reporte semanal de homicidios del gobierno de Kast registró 21 casos en 7 días (promedio de 3 diarios). En abril de 2022, durante el día 35 de Boric, Chile registraba tasas de homicidio estimadas en torno a 2 casos diarios en promedio —cifra que deberá confirmarse con datos oficiales del período—. El aumento refleja la escalada del crimen organizado entre 2022 y 2026, fenómeno que fue determinante en el resultado de la elección presidencial de 2025. Paralelamente, la aprobación del megaproyecto Maratué por US$2.000 millones en el día 35 de Kast contrasta con el menor dinamismo en la aprobación de proyectos de inversión privada que caracterizó los primeros meses de Boric, período marcado por la incertidumbre del proceso constituyente.
Primer reporte semanal de homicidios registra 21 casos en 7 días mientras gobierno prepara estrategia comunicacional para reforma tributaria
- Publicación del primer reporte semanal de estadísticas de homicidios como herramienta de transparencia en seguridad pública
- Diseño de estrategia comunicacional para la reforma tributaria, enfocada en beneficios sociales y generación de empleo
- Aprobación del megaproyecto inmobiliario Maratué por US$2.000 millones en Valparaíso por el Comité de Ministros
- Aprobación de ajustes al acceso de la Línea 7 del Metro en estación Baquedano
- Ministra de Bienes Nacionales Parot expuso ante comisión del Senado sobre deuda de terrenos fiscales que supera los $52 mil millones
- Codelco presentó querella criminal contra exdiputados Silber y Cornejo
“La ministra Sedini informó que el Presidente Kast pagó de su propio bolsillo un almuerzo en La Moneda con excompañeros, presentado como gesto de austeridad personal en el ejercicio del cargo
“El gobierno anunció que buscará mostrar los beneficios sociales concretos de la reforma tributaria —particularmente en empleo— en lugar de centrar el debate en cifras técnicas del proyecto
El gobierno publicó su primer reporte semanal de estadísticas de seguridad, registrando 21 homicidios en una semana, equivalente a 3 casos diarios. Esta herramienta de medición periódica representa una apuesta por la transparencia en materia de seguridad pública, tema central de la campaña y del mandato de Kast. La cifra establece una línea base que será utilizada para medir semana a semana la evolución de la política de seguridad del gobierno. El reporte se enmarca en la promesa de Kast de combatir frontalmente la delincuencia y el crimen organizado. La publicación periódica de estas cifras también implica que el gobierno acepta ser evaluado regularmente por sus resultados, generando un estándar de rendición de cuentas que puede ser tanto una fortaleza —si los números mejoran— como una presión sostenida si se mantienen o aumentan.
El gobierno comenzó a diseñar una estrategia comunicacional para enfrentar la batalla legislativa de su reforma tributaria. El enfoque elegido es pragmático: en lugar de entrar en debates técnicos sobre cifras y proyecciones, el Ejecutivo buscará mostrar los beneficios sociales concretos del proyecto, particularmente en materia de empleo. Esto ocurre en un contexto donde las encuestas muestran que la ciudadanía prefiere elevar impuestos a las empresas. La decisión estratégica revela la complejidad política que enfrenta un gobierno de derecha al impulsar una reforma tributaria: debe convencer a su propia base de que los cambios son necesarios, mientras responde a una opinión pública que favorece mayor carga impositiva al sector empresarial. El Ministerio de Hacienda tiene menos de 60 días para definir el decreto que establezca el gradualismo hacia el equilibrio fiscal.
La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue agredida durante una visita a la Universidad Austral de Chile, generando condena transversal en la clase política chilena. El episodio refleja las tensiones que pueden enfrentar las autoridades del gobierno en ciertos espacios públicos, y la respuesta unánime de rechazo sugiere que, al menos en este caso, el mundo político cerró filas contra la violencia con independencia de las diferencias ideológicas.
El Comité de Ministros aprobó el megaproyecto inmobiliario Maratué en la región de Valparaíso, una inversión de US$2.000 millones que forma parte de la estrategia del Ejecutivo para destrabar proyectos de inversión privada. En la misma sesión se aprobaron ajustes al acceso de la Línea 7 del Metro en la estación Baquedano. Estas aprobaciones representan señales concretas del gobierno hacia el sector privado, buscando reactivar la inversión y el crecimiento económico. La destrabe de proyectos de gran escala es consistente con el discurso pro-inversión del gobierno de Kast y apunta a generar empleo y actividad económica en un contexto de crecimiento moderado.
La empresa estatal Codelco presentó una querella criminal contra los exdiputados Silber y Cornejo. La decisión de la cuprífera de recurrir a la justicia contra ex parlamentarios es un hecho inusual en la relación entre empresas del Estado y el mundo político, aunque los detalles específicos de los cargos no fueron completamente detallados en la información disponible del día. La acción legal podría estar vinculada a irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Su alcance e implicancias dependerán del avance del proceso judicial.
La ministra de Bienes Nacionales, Parot, expuso ante la comisión de Medio Ambiente del Senado un diagnóstico sobre la administración de terrenos fiscales: 68 mil trámites de regularización pendientes, 1.500 propiedades de herencias vacantes y deudas de concesionarios y arrendatarios que superan los $52 mil millones. La exposición busca dimensionar la magnitud de los problemas acumulados en la gestión de bienes del Estado y justificar las reformas que el gobierno pretende implementar en esta materia. El volumen de trámites pendientes y la cifra de deuda reflejan años de rezago administrativo.
El monumento a Gabriela Mistral, inaugurado poco más de un mes atrás, ya presenta fracturas y rayas provocadas por skaters y ciclistas que lo utilizan como pista de entrenamiento. El monumento había sido criticado previamente por la ausencia de un concurso internacional para su diseño y el apuro en su ejecución. El deterioro prematuro alimenta las críticas sobre la planificación de obras públicas emblemáticas y plantea preguntas sobre la protección del patrimonio en espacios urbanos de alta afluencia.
Día 35 de Boric marcado por instalación de la agenda social, tensiones en La Araucanía y avance de la Convención Constitucional
- Continuación del proceso de instalación del gabinete y definición de prioridades legislativas
- Mantenimiento del estado de excepción constitucional en La Araucanía, pese a promesas de campaña de buscar soluciones de diálogo
- Articulación de la agenda de reformas estructurales: pensiones, salud y tributaria
- Seguimiento al trabajo de la Convención Constitucional, que avanzaba en la redacción de normas para la nueva Constitución
“El gobierno de Boric enfatizaba en sus primeras semanas la necesidad de avanzar en reformas sociales profundas para responder a las demandas del estallido social de 2019 y construir un Estado de bienestar moderno
En su día 35, el gobierno de Boric se encontraba en plena fase de instalación, definiendo prioridades legislativas y equipos técnicos para sus reformas emblemáticas. La ministra del Interior, Izkia Siches, enfrentaba cuestionamientos por su gestión en La Araucanía tras un fallido viaje a la zona en las primeras semanas del gobierno —el llamado incidente de Temucuicui, comunidad mapuche donde la comitiva fue recibida con disparos al aire y debió retirarse sin completar la visita—. El contexto político estaba dominado por las expectativas generadas por el proceso constituyente y las promesas de transformación social. El gobierno buscaba equilibrar la urgencia de las demandas ciudadanas con la necesidad de construir acuerdos en un Congreso fragmentado donde no contaba con mayoría propia.
A mediados de abril de 2022, la Convención Constitucional avanzaba en la redacción de normas para la nueva Constitución. El proceso generaba intensos debates públicos sobre los contenidos que se aprobaban en las distintas comisiones temáticas, con creciente polarización entre defensores y detractores del proceso. El gobierno de Boric había apostado por el éxito del proceso constituyente como eje articulador de su proyecto político. Sin embargo, ya comenzaban a aparecer señales de que algunas normas aprobadas generaban resistencia en sectores amplios de la población, anticipando las dificultades que enfrentaría el plebiscito de salida de septiembre de 2022, que finalmente rechazó la propuesta con un 62% de votos en contra.
Pese a las promesas de campaña de buscar soluciones de diálogo al conflicto en La Araucanía, el gobierno de Boric mantenía vigente el estado de excepción constitucional heredado del gobierno de Sebastián Piñera. Esta decisión generaba tensiones internas en la coalición gobernante, particularmente con sectores más cercanos a las demandas del movimiento mapuche. La situación de seguridad en la macrozona sur continuaba siendo compleja, con episodios de violencia rural que presionaban al gobierno a mantener la presencia de fuerzas de orden en la zona, en contradicción con su discurso inicial de desmilitarización y diálogo político.
Comparación directa
Ambos gobiernos enfrentaban en su día 35 el desafío de la seguridad pública y la necesidad de impulsar reformas tributarias complejas sin mayorías parlamentarias claras. También compartían la presión de traducir promesas de campaña en resultados concretos ante una ciudadanía impaciente, y ambos debían gestionar focos de conflicto territorial —crimen organizado en el caso de Kast, La Araucanía en el de Boric— que ponían a prueba sus compromisos de campaña.
Kast apuesta por la transparencia en cifras de seguridad con reportes semanales de homicidios y por destrabar inversión privada a gran escala (Maratué, US$2.000 millones), mientras Boric en su momento equivalente priorizaba la agenda social y el proceso constituyente. En materia tributaria, Kast enfoca su reforma en empleo y beneficios concretos evitando debates técnicos; Boric preparaba una reforma centrada en mayor recaudación para financiar derechos sociales. El estilo de gestión también difiere: Kast proyecta austeridad personal como señal simbólica, mientras Boric proyectaba cercanía generacional y horizontalidad en el ejercicio del poder. La agresión a la ministra Lincolao en una universidad contrasta con las tensiones de seguridad que enfrentaron las autoridades de Boric en La Araucanía —el incidente de Temucuicui con la ministra Siches ocurrió en las semanas previas al día 35—.
Kast gobierna en un contexto post-plebiscito constitucional —ambas propuestas rechazadas en 2022 y 2023— con un país que viró hacia posiciones más conservadoras tras el ciclo de reformas del período anterior, y con el crimen organizado y la migración irregular como preocupaciones dominantes de la ciudadanía. Boric gobernaba en abril de 2022 en un momento de altas expectativas transformadoras post-estallido social, con la Convención Constitucional en funcionamiento y una sociedad que aún apostaba mayoritariamente por cambios estructurales profundos. La aprobación de Boric en su día 35 rondaba el 56% según CADEM; los datos equivalentes para Kast en esta semana no están aún disponibles.