En el día 31 del gobierno de José Antonio Kast, la agenda estuvo marcada por dos hechos de distinto signo: un escándalo que salpica a la coalición oficialista —la senadora de Renovación Nacional Camila Flores es investigada por malversación de asignaciones parlamentarias en el esquema conocido como 'cuota Flores'— y un avance concreto en la agenda económica del gobierno, con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz instruyendo a todo el gabinete la elaboración de un Plan de Venta de Activos del Estado. También se registraron tensiones en política exterior por críticas del senador Kusanovic a la declaración conjunta con Argentina, y un gesto institucional relevante con las disculpas del directorio de la Universidad Austral a la ministra Lincolao. En el día espejo del gobierno de Gabriel Boric (10 de abril de 2022), el presidente completaba su primer mes en el cargo navegando los primeros desafíos de gobernabilidad. La Convención Constitucional seguía en pleno funcionamiento redactando la propuesta de nueva Constitución, mientras el gobierno gestionaba la crisis de seguridad en La Araucanía tras decidir no renovar el estado de excepción heredado de Piñera, y el equipo económico avanzaba en el diseño de la reforma tributaria. La aprobación de Boric en ese momento rondaba el 50% según CADEM. Nota editorial: los datos del día espejo de Boric corresponden a una reconstrucción contextual del período, basada en los hechos documentados de esa semana. No todos los eventos pueden verificarse con exactitud para el día 10 de abril de 2022 específicamente. Ambos presidentes, al cumplir un mes de gobierno, enfrentaban presiones desde sus propias coaliciones y desafíos que amenazaban con desviar su agenda. Mientras Kast debe lidiar con un caso de corrupción parlamentaria en su sector aliado y avanza en una agenda de reducción del Estado, Boric en su momento navegaba las tensiones entre las promesas transformadoras y las restricciones institucionales, con la Convención Constitucional como telón de fondo.
Al día 31 de gobierno, la instrucción de Kast de vender activos del Estado contrasta radicalmente con la agenda de Boric, quien en el mismo punto de su mandato preparaba una reforma tributaria para recaudar entre 4 y 5 puntos del PIB adicionales. Dos visiones opuestas del rol del Estado en el mismo momento relativo de sus gobiernos: uno busca reducir el tamaño del Estado transfiriendo sus bienes al sector privado; el otro buscaba expandirlo aumentando la carga tributaria para financiar más servicios públicos.
Senadora aliada Camila Flores investigada por malversación mientras Hacienda ordena plan de venta de activos del Estado
- Ministro de Hacienda Jorge Quiroz envió oficio circular (fechado el 9 de abril) instruyendo la elaboración de un Plan de Venta de Activos Institucionales a todos los ministerios y subsecretarías
- Gobierno enfrenta críticas del senador Kusanovic por declaración conjunta con Argentina, calificada como 'política de Estado errónea'
- Directorio de la Universidad Austral pidió disculpas públicas a la ministra Lincolao en el marco del caso que lleva su nombre
- Francisco Jacir asumió como nuevo fiscal de la Metropolitana Centro Norte con tres tareas prioritarias de alta complejidad
“Ministro Quiroz, en oficio circular: instrucción de elaborar un Plan de Venta de Activos Institucionales que incluye bienes fiscales prescindibles, activos ocupados por funcionarios, herencias vacantes y refugios estatales
“Senador Kusanovic: calificó la declaración conjunta con Argentina como una 'política de Estado errónea'
La senadora de Renovación Nacional Camila Flores enfrenta una indagación desformalizada del Ministerio Público por malversación de asignaciones parlamentarias. En términos simples, una indagación desformalizada es la etapa inicial de una investigación penal donde el fiscal recopila antecedentes antes de formalizar cargos oficiales. El esquema denominado 'cuota Flores' habría consistido en solicitar a sus asesores parlamentarios que devolvieran en efectivo parte del sueldo que les pagaba con cargo a las asignaciones del Congreso. El caso representa un problema político significativo para el gobierno de Kast, ya que Renovación Nacional es parte de la coalición oficialista Chile Vamos. Aunque se trata de una investigación sobre conductas parlamentarias y no directamente gubernamentales, el escándalo genera ruido político en un momento en que el gobierno busca consolidar su agenda legislativa con apenas un mes en el poder.
El ministro de Hacienda Jorge Quiroz envió el 9 de abril un oficio circular a todos los ministros y subsecretarios instruyendo la elaboración de un Plan de Venta de Activos Institucionales. La medida contempla la transferencia al sector privado de bienes fiscales considerados prescindibles, activos actualmente ocupados por funcionarios públicos, herencias vacantes que hayan pasado al fisco, y refugios estatales. Esta instrucción representa una de las señales más claras de la orientación económica del gobierno de Kast, alineada con su programa de reducción del tamaño del Estado y eficiencia fiscal. La venta de activos públicos podría generar ingresos extraordinarios para el fisco, pero también controversia política sobre el traspaso de patrimonio estatal al sector privado. Es una medida que marca un contraste ideológico profundo con el gobierno anterior.
Francisco Jacir asumió como nuevo fiscal de la Metropolitana Centro Norte, sucediendo a Armendáriz, con una agenda inmediata de alta complejidad. Sus tres tareas prioritarias son: supervisar la preparación del juicio oral contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (caso emblemático del gobierno anterior), decidir si apelará la absolución del carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica durante el estallido social de octubre de 2019, y resolver quién investigará los episodios de violencia en liceos emblemáticos. La confluencia de estos tres casos ilustra cómo las herencias judiciales del estallido social y del gobierno de Boric siguen marcando la agenda institucional. La decisión sobre el caso Crespo-Gatica será particularmente observada por su carga simbólica.
El senador Kusanovic insistió en sus críticas al gobierno por una declaración conjunta realizada con Argentina, calificándola como una 'política de Estado errónea'. Las críticas provienen desde sectores que consideran que el gobierno cedió posiciones en la relación bilateral. Es relevante que las críticas no provengan de la oposición tradicional, lo que sugiere que la política exterior del gobierno genera fisuras incluso en sectores independientes o cercanos al oficialismo. La relación con Argentina ha sido históricamente un tema sensible en la política chilena.
El Directorio de la Universidad Austral emitió una declaración pública pidiendo disculpas a la ministra Lincolao, en un gesto institucional significativo. Los estatutos de la universidad contemplan la posibilidad de destituir al rector Egon Montecinos por 'notable abandono de deberes o ejecución de actos que lesionen gravemente los intereses de la Corporación', lo que sugiere que el caso podría tener consecuencias internas graves para la casa de estudios. El caso Lincolao ha puesto en tensión la relación entre el mundo académico y el gobierno, y las disculpas del directorio representan un reconocimiento institucional de que hubo conductas inapropiadas hacia una autoridad de gobierno.
Con un mes en el cargo, Boric gestionaba la crisis de seguridad en La Araucanía y el avance de la Convención Constitucional
- El gobierno continuaba gestionando la situación de seguridad en La Araucanía tras la decisión de no renovar el estado de excepción heredado del gobierno de Piñera
- La Convención Constitucional avanzaba en la redacción de normas sobre derechos sociales y sistema político
- El ejecutivo trabajaba en la definición de su agenda legislativa prioritaria para los primeros 100 días
- El equipo económico avanzaba en el diseño de la reforma tributaria que financiaría el programa de gobierno
“Sin declaraciones textuales verificables para esta fecha específica. Los datos de este período son contextuales.
A un mes del inicio del gobierno de Boric, la Convención Constitucional continuaba su trabajo de redacción de la propuesta de nueva Constitución. Las comisiones temáticas debatían normas sobre derechos fundamentales, sistema político, descentralización y modelo económico. El gobierno había apostado fuertemente por el proceso constituyente como eje transformador de su mandato. El ambiente político estaba marcado por la expectativa sobre el contenido de la nueva carta magna y las primeras señales de que algunas propuestas generaban controversia incluso dentro del oficialismo. El plebiscito de salida estaba programado para septiembre de 2022, donde la propuesta sería finalmente rechazada.
El gobierno de Boric había decidido no renovar el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur que había implementado el gobierno de Piñera, apostando por una estrategia de diálogo con las comunidades mapuche. Esta decisión generaba fuertes críticas de la oposición y tensión con sectores productivos de la zona. La violencia rural continuaba siendo un desafío, y el gobierno buscaba equilibrar su compromiso con los derechos humanos y el diálogo intercultural con las demandas de seguridad de la población local. Meses después, Boric terminaría reimponiendo el estado de excepción ante la persistencia de los hechos de violencia.
El equipo económico de Boric, liderado por el ministro de Hacienda Mario Marcel, trabajaba en la elaboración del proyecto de reforma tributaria que buscaría recaudar entre 4 y 5 puntos del PIB adicionales para financiar el programa social del gobierno, incluyendo la reforma de pensiones y el sistema nacional de cuidados. El contexto económico era complejo: la economía chilena mostraba signos de sobrecalentamiento tras las masivas inyecciones de liquidez derivadas de los retiros de fondos de pensiones y las ayudas estatales durante la pandemia, con una inflación en aumento que comenzaba a preocupar a los analistas.
Comparación directa
Ambos presidentes enfrentaban al cumplir un mes de gobierno presiones que amenazaban con desviar su agenda prioritaria: Kast con el escándalo de corrupción de la senadora Flores en su coalición aliada, y Boric con la crisis de seguridad en La Araucanía. En ambos casos, los problemas provenían de flancos que cada presidente consideraba secundarios respecto a su agenda principal.
La diferencia más notable es la orientación económica: mientras Kast instruye un plan de venta de activos del Estado como parte de su programa de reducción del tamaño del aparato estatal, Boric en su día 31 preparaba una reforma tributaria para expandir la recaudación y el gasto social. Son visiones diametralmente opuestas del rol del Estado en la economía. En materia de escándalos, Kast enfrenta un caso de corrupción parlamentaria en su coalición aliada (caso Flores), mientras Boric en ese momento no registraba escándalos de corrupción pero sí enfrentaba una crisis de gobernabilidad por la violencia en el sur del país. En política exterior, Kast recibe críticas desde sectores independientes por su acercamiento a Argentina, mientras Boric en sus primeras semanas buscaba posicionarse como referente progresista en la región.
Kast gobierna en un contexto posterior al doble rechazo del proceso constituyente (septiembre 2022 y diciembre 2023), con una ciudadanía más escéptica de las grandes transformaciones y con la seguridad pública como prioridad central del debate político. Boric gobernaba en un momento de alta expectativa transformadora, con la Convención Constitucional en funcionamiento y una sociedad aún movilizada tras el estallido social de 2019. En términos de respaldo ciudadano al día 31: la aprobación de Boric rondaba el 50% según CADEM, un nivel relativamente alto que iría descendiendo progresivamente a lo largo de su mandato. Para Kast no se disponen de datos de encuestas verificables para esta fecha específica, por lo que la comparación de aprobación no es posible en este día.